Los dirigentes políticos, cuando ocupan algún cargo público de relevancia, deben dar cuenta también de sus actos en la vida privada. La ética es un componente esencial en la imagen del funcionario y lo que hace o deja de hacer en su vida personal forma también parte de ese aspecto que no siempre tiene que ver con lo que exigen las leyes, pero sí con el mensaje simbólico que transmiten sus conductas.
Por caso, las vacaciones del ahora exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en un yate en el mar Mediterráneo ocurridas semanas atrás no implican en sí mismo el quebrantamiento de una ley, pero las imágenes, difundidas recién ahora en redes sociales por la modelo que lo acompañó, son una afrenta para millones de argentinos que se encuentran sumergidos en la pobreza o en la indigencia. Es que hace años que cobra un sueldo del Estado, es decir, pagado por todos los argentinos, por su función como jefe de Gabinete que acaba de abandonar, como intendente de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, o como diputado nacional en el periodo 2013-2015.
Dirigentes de la oposición adelantaron que presentarán una denuncia contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito. De todos modos, aunque una eventual causa judicial en su contra no prosperara, puesto que hay que demostrar que el delito existió, la exhibición del dirigente entre lujos que solo una minoría de argentinos puede disfrutar constituye una defección ética.
Alberto Fernández, que al comienzo de la pandemia tenía una imagen positiva superior al 90% sufrió un desgaste muy notable cuando se filtró una fotografía del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos. El festejo fue bastante austero, pero se llevó a cabo promediando el mes de julio de 2020, cuando había estrictas restricciones para realizar reuniones. El presidente de la Nación, que obligaba a cumplir al resto de los ciudadanos las medidas que había impuesto para prevenir la expansión del Covid-19, él mismo no las cumplía. El hecho dio lugar a una causa judicial en la que Fernández fue sobreseído luego de llegar a un acuerdo judicial: tuvo que pagar tres millones de pesos que fueron transferidos al Hospital Malbrán de Buenos Aires.
El actual presidente, que a diferencia de los anteriores mandatarios, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, nunca fue imputado ni procesado por alguna causa de corrupción administrativa o malversación de los dineros públicos, quedó manchado sin embargo por aquella defección ética.
En el caso de Insaurralde, el dato positivo es que apenas trascendieron las fotos, el gobernador de Buenos Aires, Axel kicillof, le pidió la renuncia. No hubo protección del funcionario ni justificaciones de su accionar, lo que da a entender con claridad que hay una condena de la obscena exhibición de opulencia en un contexto nacional de enormes dificultades económicas para casi la mitad de la población.