Por Rodrigo Morabito.
El impacto social generado por el denominado “Caso Pipi” vuelve a poner en evidencia algo que excede largamente al hecho en sí; la facilidad con la que, frente a situaciones sensibles que involucran a niños, se construyen explicaciones simplistas que terminan señalando al actor equivocado.
La reacción social frente a un posible escenario de riesgo infantil es comprensible. La preocupación colectiva es legítima y, en muchos casos, necesaria. Pero esa reacción no puede transformarse en un atajo argumental para adjudicar responsabilidades sin comprender cómo funciona el sistema de protección de derechos. Porque cuando el diagnóstico es incorrecto, la solución también lo es.
En estos casos, se instala con rapidez una idea tan extendida como errónea; que la intervención judicial (y particularmente la penal) es el punto de partida obligado frente a cualquier situación que involucre a un niño. Esa premisa no solo es jurídicamente falsa; es profundamente dañina.
El sistema argentino de protección de niños, niñas y adolescentes está diseñado bajo un modelo claro, que no admite improvisaciones; la intervención primaria corresponde a los organismos administrativos de protección integral. Son ellos quienes deben actuar de manera inmediata ante situaciones de riesgo, evaluar el contexto familiar, disponer medidas de resguardo y garantizar la protección efectiva. Ese es su mandato legal; esa es su responsabilidad indelegable. Trabajo que no está bajo cuestionamiento alguno. Se trabaja y mucho desde esas áreas del Poder Ejecutivo.
La intervención judicial, lejos de ser el primer reflejo, es excepcional y subsidiaria. No es una opción interpretativa; es una decisión normativa. Y dentro de ese esquema, la justicia penal juvenil tiene un ámbito de actuación aún más específico; solo interviene cuando existe la imputación de un delito a un adolescente. Pretender que actúe por fuera de ese marco no es exigir eficacia; es exigir ilegalidad.
Se intenta también vincular la reacción social con una supuesta inacción o ineficiencia judicial, como si existiera una relación automática entre la protesta y el desempeño de los tribunales. Esa lectura, además de reduccionista, es conceptualmente equivocada. En muchos de estos escenarios, la justicia no interviene porque no debe intervenir. No se trata de lentitud ni de desidia; se trata de competencia.
Confundir competencia con inacción es uno de los errores más graves que puede cometerse en el debate público. Porque desplaza el foco del problema, exonera a quienes sí tienen la obligación de actuar de manera inmediata y dirige la exigencia social hacia un lugar donde no puede obtener respuesta.
Tampoco resiste análisis la idea de que el resguardo de la intimidad o la prudencia en la difusión de información constituyen obstáculos para la acción. En casos que involucran a niños, niñas y adolescentes la reserva no es un capricho ni una estrategia defensiva; es una obligación legal y ética. La exposición irresponsable no protege; revictimiza. No acelera soluciones; compromete procesos. No fortalece la intervención estatal; la distorsiona.
El señalamiento genérico hacia el Poder Judicial como sinónimo de burocracia, inercia o falta de voluntad no solo es injusto; es intelectualmente débil. Mezcla realidades distintas, desconoce competencias diferenciadas y omite deliberadamente el diseño institucional vigente. Criticar sin distinguir no esclarece; confunde.
El problema no radica en que la justicia “no llegue a tiempo” a todos los conflictos, sino en que se le exige llegar a aquellos en los que la ley no le permite intervenir en esa etapa. Esa exigencia no mejora el sistema; lo desordena.
Si realmente se busca proteger a los niños, niñas y adolescentes el camino no es expandir artificialmente el rol judicial ni convertir a los jueces y juezas en administradores universales de la conflictividad social. El camino es exigir que cada institución cumpla con la función que le corresponde, en el momento en que le corresponde y con los recursos que la ley le asigna.
La indignación social es comprensible. La desinformación, no.
Porque cuando se insiste en diagnósticos equivocados, no solo se debilita la respuesta estatal. También se corre el riesgo de algo mucho más grave: dejar desprotegidos a quienes se dice querer proteger.