La crónica policial indica que la odontóloga platense Edith Bernstein fue detenida luego de que diez integrantes la Prefectura, armados hasta los dientes, allanara su casa, por orden del juez Ariel Lijo, y corroborara que la señora cultivaba cannabis medicinal para tratar la fibromialgia que padece. El operativo que se desplegó parecía, por su envergadura, dirigido a desbaratar a una peligrosa banda de narcotraficantes. Pero en la casa allanada solo vive una señora que está anotada en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y participa en proyectos de investigación de la Universidad de La Plata relativos a las propiedades de esta planta. Una mujer que no realiza ninguna actividad ligada al tráfico de estupefacientes sino, simplemente, orientada a la elaboración de un aceite que cura sus dolencias.
El allanamiento y la detención son un despropósito. No hace falta conocer de leyes para describir a esta sobreactuación como un disparate. Pero, además, más allá del sentido común, debe señalarse que la Ley de Cannabis Medicinal tiene media sanción del Senado y a la espera de su aprobación de la cámara de diputados, que está asegurada en los votos aunque no se sabe aun la fecha de tratamiento. Si esa norma ya hubiese entrado en vigencia, la odontóloga platense no solo no tendría ninguna causa abierta sino que además podría trabajar en sus preparados con un marco regulatorio apropiado, que garantice, entre otras cosas, una mejor calidad de sus aceites.
Los beneficios terapéuticos del cannabis para uso medicinal son ampliamente reconocidos por la ciencia, y tiene también sustento legal en la Argentina: desde hace cuatro años está en vigencia una ley que permite ese uso medicinal y desde el año pasado una reglamentación que habilita por el mismo motivo el autocultivo. La ley que tiene media sanción viene a completar el marco regulatorio.
La falta de ese marco regulatorio es un problema para unificar los criterios de producción y otorgarle al Estado las herramientas para un mejor control de la actividad, pero de ninguna manera argumento para que la Justicia confunda a una persona enferma que se la rebusca para menguar los agudos dolores musculares que produce la fibromialgia, con una narcotraficante.
Para el Juez, el hecho de que Bernstein vendiera sus aceites a personas tan desesperadas como ella, muchas veces con recetas, fue prueba de la comercialización ilícita de cannabis. No se preocupó por constatar que lo que vendía no era una droga peligrosa sino un remedio.
Mientras las bandas narcos extienden su influencia y su poder, la Justicia argentina dilapida recursos para detener a las personas equivocadas. Previo a la orden de allanamiento y a la detención, se desplegó una costosa investigación del caso, que incluyó, por ejemplo la orden de escuchas telefónicas entre la odontóloga y su madre, una mujer de 86 años.
Otra vez la Justicia argentina, tan complaciente con los poderosos, demostró su bravura con los indefensos ciudadanos de a pie.
