Uno de los temas centrales a abordar en estos días en que se celebra la Semana por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el del acceso a puestos de trabajo, que es la manera más eficaz de facilitar que se cumplan otros derechos y tengan mayor autonomía en la vida en sociedad.
Según el último Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad realizado en 2018 por el INDEC, el 10,2% de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad. El mismo informe establece que, en promedio, en uno de cada cuatro hogares vive una persona con discapacidad. Es preciso tener en cuenta estas estadísticas para poder dimensionar acabadamente su incidencia, que a veces es subestimada porque no hay una conciencia generalizada de los distintos tipos de discapacidad que existen y cuáles son los predominantes.
Hay distintos tipos de discapacidad: motora, que consiste en la falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo; la intelectual, que se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa; la sensorial (auditiva o visual); la psicosocial, que se refiere a las deficiencias en los procesos cognitivos, afectivos y/o del comportamiento, generalmente derivadas del padecimiento de alguna enfermedad mental; y la visceral, aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, y en general, no es visible.
La Ley 22431, sancionada hace ya 40 años, establece un cupo laboral para personas con discapacidad del 4% del total de empleados del Estado Nacional. La medida claramente no se cumple: según las estadísticas de la Secretaría de Gestión y Empleo Público correspondientes a este año, la cantidad de personas con discapacidad que presta servicios en el Estado Nacional representa apenas el 0,61% del total.
En Catamarca rige desde 1996 la Ley 4848 de Régimen de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, que también le adjudica al Estado, en ese caso provincial, el deber de insertarlas en el mercado laboral. Pero la misma obligación tienen empresas, bancos y sociedades. El porcentaje establecido es igual al de la legislación de carácter federal: 4%. Y tampoco se cumple, ni en el sector público ni en el privado.
En una gran proporción, las personas con discapacidad han concluido los estudios secundarios y hay muchos con títulos terciarios y universitarios. Y los hay también que han adquirido oficios o competencias laborales, por lo que están capacitados para afrontar exitosamente los desafíos de los más variados trabajos.
El déficit principal, por cierto, se advierte en el Estado en sus diferentes niveles. Si el propio Estado incumple las leyes que aprueba uno de sus poderes y promulga otro, resulta contradictorio que pretenda establecer controles para que el sector privado acate el mencionado cupo laboral.
La semana que actualmente se celebra es, en consecuencia, una ocasión propicia para exigir que las autoridades nacionales y provinciales empiecen a cumplir las normas y les den una posibilidad a las personas con discapacidad para que accedan al mundo del trabajo, el primer paso de un necesario proceso de inclusión social.