Pareciera que la Justicia de La Pampa es la única que se puso firme con los casos de los docentes que usaron licencias médicas con certificados truchos para viajar al exterior, en un claro fraude a al Estado provincial.
En efecto, esta semana se conoció que un juez pampeano condenó a 2 años de prisión e inhabilitación perpetua a una docente de 56 años que obtuvo dos licencias por razones de salud y debía hacer reposo, pero en ambas ocasiones se descubrió que en esas fechas -mayo de 2018 y abril y mayo de 2019- viajó fuera del país. El juez Carlos Ordás la halló culpable del delito de “defraudación especial agravada”. La denuncia había sido realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en febrero de 2020.
Ya en febrero pasado, la Justicia pampeana había condenado a dos docentes a 2 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos en la administración pública, por haber defraudado al Estado al presentar certificados médicos falsos para ir al Mundial de Fútbol Rusia 2018. En este caso el fallo fue del juez Carlos Pellegrino. Los docentes apelaron y un tribunal de alzada les redujo la inhabilitación a seis meses, aunque confirmó la responsabilidad sobre el fraude. Para el tribunal, “el uso del certificado médico ideológicamente falso causó un perjuicio a las arcas del Estado”, ya que debió pagar los días como trabajados y además contratar personal suplente.
Lo que sucedió en La Pampa es un calco del caso de Catamarca. En ese 2018 mundialista, se viralizó en redes sociales una foto de docentes de Tinogasta con una bandera argentina en Europa. Una supervisora de ese departamento recibió denuncias y las trasladó al Ministerio de Educación. Sospechaba, con buen olfato, que los docentes habían mentido que estaban enfermos para poder viajar.
Quien se puso al frente de la investigación administrativa fue la entonces directora de Reconocimiento Médico Docente, Analía Leiva (hoy sigue en el área, con rango de secretaria) Viajó al interior para constatar la situación de los docentes que obtuvieron la licencia. Llevó una lista de 12 ausentes por enfermedad, de los cuales algunos no se estaban en su domicilio. Entonces los intimó para que expliquen por qué no estaban de reposo. Recibió justificaciones y silencios. Fue más allá en la pesquisa y cruzó los datos de informe de Migraciones en el que constaba la salida y regreso al país de los docentes investigados. Con esas pruebas, Educación suspendió a 5 docentes tinogasteños sin goce de sueldos y los inhabilitó para concursar cargos por dos años. Además, hizo una presentación en la Justicia para que se investigue un presunto fraude al Estado y la falsificación de instrumento público.
Por cuerda aparte, en manos de la Justicia penal quedó el caso de los certificados médicos falsos y la responsabilidad que debería caberles a los profesionales que los firmaron.
Sin embargo, la investigación de Leiva cayó en saco roto. El entonces ministro de Educación, Daniel Gutiérrez –premiado luego como vocal del directorio de YMAD-, les levantó la suspensión a los docentes y los restituyó en sus cargos. Aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Gutiérrez cedió ante la presentación del abogado de los docentes, quien rechazó que sus defendidos hubieran hecho abandono de servicio.
La directora Leiva, que vio así cómo su trabajo se perdió en un cajón, hizo catarsis ante la prensa: "De esta forma los docentes van a seguir defraudando al Estado porque total no hay castigo; es una barbaridad", expresó con fastidio. No le faltaba razón. Gutiérrez no solo cedió ante la presión de los docentes sancionados, sino que además debió tragarse sus advertencias de que el siguiente paso sería investigar a docentes de la Capital que, al igual que los tinogasteños, tomaron licencias médicas y se fueron del país en el mes del Mundial.
Otro que se quedó a mitad de camino fue el entonces fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, quien inició la investigación y la dejó por ahí. Luego fue ascendido a juez de Control de Garantías. Para qué complicarse la vida, habrá razonado.
De este modo concluyó otro episodio de los fraudes impunes en Catamarca. El Estado todo lo aguanta.