El problema viene desde hace varios años, pero recién en abril pasado empezó a conocerse en detalle por los reclamos públicos. Se trata de la cobertura integral para los chicos discapacitados afiliados a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), tal como indica la legislación nacional y el nomenclador nacional que la Provincia se comprometió a respetar.
Eso incluye el pago de las maestras integradoras -sin cuya asistencia los chicos no pueden ir a la escuela-, el pago de la deuda en reintegros –ya que, para agilizar, los padres abonan el sueldo de las maestras y luego OSEP les devuelve-, la actualización de los montos de cobertura de elementos ortopédicos, como sillas de ruedas (la obra social considera un monto de $350.000 cuando actualmente una cuesta $1 millón). Esos son las demandas inmediatas, pero la cobertura al 100% incluye otras prestaciones.
Los padres y familiares de esos chicos iniciaron los reclamos formales en OSEP, pero no obtuvieron respuestas. Fue así que decidieron llevar el caso a los medios y manifestarse frente a la sede de la obra social.
El 27 de agosto pasado, el gobernador Raúl Jalil decidió tomar el tema en manos propias y convocó a los padres a la Casa de Gobierno. Lo hizo en compañía del director de OSEP, Norberto Bazán; la ministra de Educación, Andrea Centurión, y el secretario de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Marcelo Rivera. Como para que los involucrados en el asunto tomaran nota y actuaran en consecuencia.
En ese encuentro, Jalil les anunció que a partir del 1º de septiembre la OSEP abonaría la cobertura en los gastos por maestras integradoras de acuerdo a la Ley Nacional y al Nomenclador. Ello implicaba que en adelante las maestras integradoras pasarían a cobrar $24 mil, como establece la normativa vigente, ya que hasta ahora la OSEP abonaba un subsidio de $10 mil y el resto lo debían afrontar los padres que requerían el servicio.
“Pudimos darle una buena noticia a los papás, que es aumentar el subsidio por reintegro de maestras integradoras. Ahora nos vamos a acoplar a la ley nacional y al nomenclador nacional”, explicó Bazán al término de la reunión. Y también precisó que Educación realizará un seguimiento e informe sobre el trabajo de las maestras y la evaluación de la metodología de estudio de los niños.
El presidente de “Down Catamarca”, Maximiliano Delgado, agradeció al Gobernador por atender el reclamo después de tanto tiempo sin respuestas. “Venimos desde hace mucho bregando por esto y ahora nos vamos tranquilos por esta decisión”, afirmó.
Sin embargo, pasaron tres semanas y la OSEP no terminaba de agilizar el trámite. El grupo de padres, que hasta allí eran cerca de 130, se manifestó contrariado porque no conseguía ser recibido por Bazán para poner en hechos el compromiso de Jalil. Pidieron una audiencia formal con el funcionario y ni siquiera les contestaron.
Carlos Martín Seco Maza, un padre que ofició de vocero del grupo, decidió poner la angustia en público: “Es fundamental para nosotros conocer cómo será el cumplimiento de lo que dispuso el Gobernador, a él no lo queremos volver a molestar porque para eso tiene funcionarios. Nosotros pensamos movilizarnos porque hay muchas necesidades, problemas de expedientes con los medicamentos, chicos con parálisis cerebral, gente que necesita sillas de ruedas y tenemos que esperar muchos meses”, dijo a Radio Ancasti el 17 de septiembre pasado.
Más aún: “El director Bazán decide y hace a su voluntad en la OSEP, es dueño de la obra social sin tener en cuenta la función que debe cumplir. Es angustiante porque a pesar de que la máxima autoridad de la Provincia le dio órdenes al director parece que no tiene corazón. Nuestra vida es ir a la obra social, llamar todos los días para ver si avanza el expediente, porque cada pedido debe pasar por siete departamentos. Nuestros hijos tienen discapacidad, no están enfermos, pero aún así nos piden certificado de discapacidad todos los meses”.
A tanto llegó la desidia de OSEP que los padres analizan presentar un recurso de amparo en la Justicia una vez que agoten la vía administrativa. Ya no son solo los progenitores de niños con discapacidad. También se sumaron los que tienen hijos electrodependientes, con autismo y otros.
Frente a eso, Bazán prometió dar la cara hoy. Parece mentira que la inoperancia de OSEP, más que su burocracia crónica, haya llegado a este punto.