Como si no tuviera suficiente con el afiebrado ritmo de la inflación, la disparada del dólar, los problemas para llegar a un acuerdo con el FMI, y, desde hace varios meses, el irrefrenable aumento de la pobreza, el Gobierno nacional se empeñó, innecesariamente, en sumar más combustible al conflicto que asola a la Patagonia con la violencia de un sector de la comunidad mapuche que desconoce leyes, propiedades y autoridades y está sembrado el miedo en vastas comunidades de Río Negro y Chubut.
La semana anterior, un grupo mapuche incendió el Club Andino de El Bolsón. En el interior había varios bidones de nafta que no llegaron a quemarse porque habrían puesto en riesgo la vida de al menos dos personas que combatían las llamas. No es la primera vez que sucede. En los últimos siete años tomaron tierras de Villa Mascardi; incendiaron instalaciones pertenecientes al Obispado de San Isidro y una iglesia en El Bolsón; agredieron físicamente y persiguieron a algunos pobladores y quemaron un campamento de Vialidad provincial cerca de Bariloche.
El sector más radicalizado en el lado argentino es la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que responde a Jones Huala, a quien el gobierno argentino protege. Hoy Huala purga una condena de 9 años de prisión en Chile, ya que en enero de 2013 participó del incendio a la casa de los cuidadores al interior del Fundo Pisu Pisué en Río Bueno, región de Los Ríos. A raíz de eso fue extraditado al país vecino en 2018, tras haber permanecido cuatro años prófugo. Huala pidió su libertad condicional a la Justicia chilena, lo que le fue negado. A la audiencia asistió el embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, quien negó la versión de que hubiera solicitado la extradición del líder mapuche a este país. Solo dijo que está obligado a asistir a un “connacional” en problemas con la ley en otro país. Sin embargo, Huala desmintió haber pedido cualquier tipo de asistencia al gobierno de Alberto Fernández. De hecho, aquí Huala se identifica como “mapuche”, no como argentino. Pero en Chile se presentó como “argentino”.
El conflicto mapuche puso en evidencia a un Gobierno que solo prioriza las urgencias electorales.
El propio Huala habló de que el objetivo de su comunidad es producir una “acción militar” con el fin de “recuperar tierras ancestrales”. Tierras que no están delimitadas, que hoy pueden ser las de Villa Mascardi y mañana la de Villa La Angostura o el mismo Bariloche. Todo puede ser en ausencia de la ley.
En una columna de opinión publicada en un medio nacional, el auditor general de la Nación, el rionegrino Miguel Pichetto, expresa que estos “supuestos mapuches de hoy dicen ser los herederos de un grupo de tribus indígenas que invadió y asoló nuestro territorio y que exterminó a los tehuelches, que eran nuestros verdaderos pueblos originarios. Desde el siglo XIX, las tribus mapuches estaban al servicio de políticas de expansión territorial y ejercieron una brutal violencia contra colonos y fuerzas militares. El crimen, el robo y mil tropelías más eran su conducta, transformando el “maloneo” en un hecho heroico y épico”. Para Pichetto, la “revolución mapuche” cuenta con el “apoyo del kirchnerismo, de resabios de Montoneros, la izquierda ‘boba’, algunos sectores de la Iglesia, sectores políticos marxistas y, como siempre ocurre, el de un conjunto de almas bellas y culposas, tanto del ámbito nacional como internacional”.
Ante la escalada de violencia en Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras hizo un desesperado pedido de ayuda al Gobierno nacional. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le respondió con el mismo tono pendenciero con el que escribe sus tuits: “No señora, usted no puede exigir nada”. Y el presidente Fernández le escribió una carta a la gobernadora en la que le expresó que “no es función del Gobierno nacional brindar seguridad”. El rechazo a tal lavada de manos fue aprovechado por la oposición. Era obvio.
Es que la Constitución Nacional, en su preámbulo, habla de valores tales como “constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior”, entre otros, que el Gobierno nacional les ha dado la espalda en este conflicto. Tarde se percató de que algo debía hacer y por eso fue que envió gendarmes y prefectos. Eso sí, su función será solo de espectadores. El meneado “Estado presente” se develó puro slogan en esta revuelta terrorista.
