La publicación en los últimos días de los datos surgidos de la investigación conocida como Pandora Papers, una continuación de los Panamá Papers de 2016, puso otra vez en la superficie del debate público los mecanismos de ocultamiento de dinero en paraísos fiscales por parte de personas o empresas para evitar pagar impuestos, en el mejor de los casos, o lavar dinero obtenido de actividades criminales, como el narcotráfico, la venta ilegal de armas o la trata de personas, en el peor.
La aparición de no solo conocidas personalidades del mundo empresarial, del espectáculo o incluso del deporte, sino también de prominentes funcionarios públicos, incluidos jefes de Estado de varios países, apelando a estos mecanismos de elusión o evasión, han tenido fuerte impacto en el mundo. En Chile, por caso, la aparición del presidente Sebastián Piñera en los Pandora Papers motivó un pedido de juicio político y la apertura de una causa penal, movimientos institucionales que lo han puesto verdaderamente en una muy difícil situación. Lo mismo ocurre en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso, que también figura en la misma investigación, suma numerosos pedidos de renuncia.
Argentina aparece otra vez entre los países con mayor cantidad de empresas offshore. Ya había sido noticia cuando aparecieron los Panamá Papers, pues una de las personalidades que figuraba en el listado elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación era el entonces presidente Mauricio Macri. Hubo también en la Argentina una investigación judicial que terminó sobreseyéndolo, lo cual abrió un debate respecto de si poseer cuentas en paraísos fiscales es en sí mismo un delito. Las opiniones en todo el mundo están divididas.
La utilización de este tipo de cuentas es tolerada, todavía, por la legislación financiera internacional, pero como suelen utilizarse para ocultar negocios ilegales o evadir impuestos, siempre está al límite de la legalidad. En lo que sí hay coincidencia generalizada es que encierra una grave falta ética, pues abrir una empresa offshore tiene como propósito, en el mejor de los casos, evitar tributar en los países de origen de sus titulares, lo que termina escamoteándole a los Estados sumas de dinero formidables.
La Argentina, según un cálculo elaborado por eldiarioar.com, uno de los medios que participó de la investigación de los Pandora Papers, deja de recaudar anualmente impuestos por 2.600 millones de dólares anuales por empresas y personas que en forma legal o ilegal giran fondos a paraísos fiscales. La cifra trepa a más de 420 mil millones en todo el mundo por año. Si ese dinero fuese recaudado por los Estados nacionales y utilizado adecuadamente, una buena parte de los problemas sociales existentes podrían ser atenuados.
La publicación de los documentos debería servir para que los Estados nacionales de todo el mundo se pongan a debatir cómo evitar esta sangría. Si así no fuese, la investigación periodística que ha demandado un esfuerzo descomunal quedaría reducida a la confección de una lista en la que figuran los ricos y poderosos de todo el mundo tratando de ocultar su riqueza. Destapar la caja de Pandora habrá tenido, entonces, un efecto muy acotado.
