EDITORIAL

La legitimidad de la urgencia

La irrupción de la pandemia trastocó, como es fácil de imaginar, lo planes de gobierno. A partir de la paralización...
sábado, 26 de septiembre de 2020 · 03:12

La irrupción de la pandemia trastocó, como es fácil de imaginar, lo planes de gobierno. A partir de la paralización de la economía como consecuencia del confinamiento, el Estado nacional, aunque también en menor medida los Estados provinciales y locales, salieron a socorrer y a contener a los actores económicos de mayor vulnerabilidad. 

Algunas de esas medidas, que continúan vigente seis meses después, son el programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que beneficia a desocupados, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas; y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para sostener el empleo de empresas afectadas por la pandemia.

El IFE demandó un gasto público de 90.000 millones de pesos en cada una de las tres veces que se pagó hasta ahora; es decir, un total hasta el momento de 270.000 millones. El ATP completó este mes el pago de casi 9 millones de salarios del sector

privado. En cinco meses el gasto público en este rubro asciende a los 176.000 millones de pesos. 
Son erogaciones que han cumplido un rol importante. El IFE impidió, según cálculos de especialistas, que casi 3 millones de personas caigan en la pobreza o la indigencia, según los casos. El ATP evitó que miles de empresas medianas y pequeñas se vieran obligadas a cerrar sus puertas. 

Otras medidas paliativas dispuestas por la administración nacional son la prohibición de despidos y suspensiones, el congelamiento de alquileres y cuotas de los créditos UVA, y la prohibición de los desalojos.

Son todas medidas necesarias y que cumplieron el cometido para el que fueron concebidas. Pero solo tienen la legitimidad de la urgencia. Es decir, no pueden ser viables a largo plazo. Son parches que, más temprano que tarde, deberán reemplazarse por otras medidas, más de fondo, estratégicas, vinculadas a un plan de gobierno que tenga la capacidad de tornar sustentable el funcionamiento de la economía, sin la obligación de que el Estado esté asistiendo permanentemente a tantos actores económicos.
El ideal de cualquier gobierno es lograr que la economía funcione con tal eficiencia que todos los sectores tengan viabilidad por sí solos, respetando las normas que regulan la vida social. Pero es solo un ideal que funciona como norte al cual marchar. Lo cierto es que siempre habrá, por factores imprevistos o por la propia inequidad que caracteriza a las sociedades, sectores vulnerables que requieren de la asistencia estatal para desarrollarse o, incluso, en épocas de crisis, hasta para subsistir.

La apuesta de los gobiernos del argentino pero también de todos los que han desplegado acciones de contención de emergencia- es ir logrando que cada vez sean menos los desocupados, los trabajadores informales, las pymes, los inquilinos y los deudores que requieran de la asistencia estatal. La dureza de la pandemia, sin embargo, solo trae incertidumbre respecto del cumplimiento de esos objetivos.

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