Argentina transita días clave en la negociación que mantiene con acreedores por la reestructuración de su deuda. El desafío es mayúsculo por el complejísimo contexto económico en el que está el país, sobre el que se cierne una especie de tormenta perfecta.
La economía, que permaneció estancada entre 2011 y 2015, padeció tres años de recesión desde entonces y hasta 2019. En los últimos cuatro años, para agravar el ya de por sí preocupante escenario, se produjo un proceso de endeudamiento acelerado que hoy es imposible de afrontar. Y a la economía en caída y la deuda impagable se le ha sumado, inesperadamente, la crisis provocada a escala global por la pandemia, que, según se estima, generará una caída económica mundial de una magnitud no vista desde el crack de 1929.
La propuesta argentina, que incluye, a grandes rasgos, la postergación de los pagos al Fondo Monetario Internacional y una quita de la deuda que mantiene con los acreedores privados tenedores de bonos, tiene el respaldo del propio organismo multilateral, pero el rechazo del grueso de los bonistas. Sin embargo, la negociación con éstos continuará durante algunos días más de mayo. El Fondo elaboró un extenso informe sobre la sustentabilidad de la deuda argentina, a través del cual recomendó que la carga de la deuda deberá disminuir para volver al país a un sendero de crecimiento que permita hacer frente a los compromisos.
En vez de enfocar el problema desde la perspectiva de los intereses encontrados entre las partes en negociación, debería analizarse que, en realidad, hay un punto central de convergencia. Para que los acreedores puedan cobrar es preciso que la Argentina pueda pagar. Y solo podrá pagar si la economía, en el mediano plazo, cuando la pandemia pase o disminuya su incidencia negativa, empiece a crecer nuevamente.
La postura argentina da por sentado que el FMI es corresponsable de la crisis, porque desembolsó el mayor crédito de su historia para respaldar un programa económico condenado al fracaso. Y los bonistas, la gran mayoría grupos inversores integrados o asesorados por hombres y mujeres que conocen a la perfección el mundo de las finanzas internacionales y que por lo tanto eran plenamente conscientes de que la deuda que se estaba generando no era sustentable.
La semana pasada, 138 prestigiosos economistas y profesionales de todo el mundo, entre ellos dos premios Nobel, firmaron una carta abierta apoyando la reestructuración de la deuda argentina y pidiendo a los acreedores privados que colaboren con ese proceso.
El respaldo interno ha sido importante pero no unánime. La gran mayoría de los sectores del trabajo y la producción han dado su adhesión explícita a la propuesta argentina, lo mismo que gobernadores e intendentes de todas las fuerzas políticas. Hay, de todos modos, sectores que son reacios a lograr la unanimidad, tal vez por intereses económicos propios o por intereses políticos.
Las diferencias de criterio, razonables y deseables en Democracia, deberían en esta etapa crucial posponerse en aras de un objetivo común, que debería ser crecer para poder pagar.
