viernes 12 de julio de 2024
EDITORIAL

Ni prohibir ni imponer

Por Redacción El Ancasti

El debate sobre el denominado lenguaje inclusivo o no sexista descarrila a veces hacia disputas estériles. La cuestión no debería generar tantas polémicas respecto de cuestiones técnicas, como muchas veces pasa, sencillamente porque el planteo de quienes lo impulsan no es de índole gramatical sino político. Es decir, el propósito del lenguaje inclusivo o no sexista no es, prioritariamente, producir cambios lingüísticos, sino cambios políticos en un contexto social donde las mujeres tienen menores oportunidades de progreso y en donde campea la violencia de género y se multiplican los casos de femicidio.

El lingüista y lexicógrafo Santiago Kalinowski, que se ha dedicado a estudiar el fenómeno que crece sin parar en varios países latinoamericanos y también en España, sostiene que no se trata de “un fenómeno de cambio lingüístico, sino que es un fenómeno retórico, la configuración discursiva de una lucha política”. “El objetivo del lenguaje inclusivo no es cambiar la gramática, no le importa. Hay gente que puede decir que sí, pero en realidad es una intervención que lo que busca es terminar con mujeres asesinadas, mujeres que cobran menos por el mismo trabajo, mujeres que no pueden caminar por la calle tranquilas…”, añade.

Según esta perspectiva, no tiene ningún interés para quienes consideran al lenguaje inclusivo o no sexista una herramienta -una más de las tantas que utilizan los movimientos feministas para visibilizar situaciones y luchas- de transformación política, llevar la disputa, por ejemplo, al terreno de la Real Academia Española. La RAE, se sabe, va siempre por detrás de la construcción lingüística de los pueblos, porque es una institución normativa que “legaliza”, de manera bastante diferida a veces, las prácticas históricas.

En los últimos años, instituciones públicas, entre ellas muchas universidades, han autorizado el uso del lenguaje inclusivo. Se trata básicamente de una declaración de adhesión política, de tipo formal, que en realidad visibiliza lo que ya era una práctica habitual entre algunos estudiantes, profesores e incluso académicos e investigadores. De hecho, en las universidades que no se han pronunciado aún al respecto, por ejemplo, la Universidad Nacional de Catamarca, las distintas variantes del lenguaje inclusivo o no sexista se utilizan, en algunas facultades o en algunas materias, en escritos informales, pero también en monografías y hasta tesis doctorales sin que ello sea motivo de rechazo del trabajo o, mucho menos, de aplazo. De modo que, más allá de que existan o no las autorizaciones formales, en la práctica este tipo de lenguaje se utiliza cada vez con mayor asiduidad.

Si la lengua es una construcción histórica de los pueblos y el lenguaje inclusivo es, de algún modo, un posicionamiento político, sería un despropósito tanto prohibirlo como volverlo obligatorio. Se trata de una práctica que, se verá en el futuro, logrará generalizarse o se apagará lentamente hasta extinguirse. Por lo pronto, debería dejar de ser objeto de polémicas estériles que ponen el foco en un tecnicismo cuyo interés es de alcance muy limitado.

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