El flamante director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Norberto Bazán, parece muy dispuesto a emprender la enésima campaña para impedir que los profesionales de la salud sigan cobrando el denominado comúnmente plus médico. Según lo han podido comprobar los empleados de la obra social en las últimas semanas y los trabajadores del SAME en años anteriores, a Bazán le sobra entusiasmo para ejercer su tarea en función de los objetivos que se fija, pero lo que no se alcanza todavía a entrever es cómo lograría el cometido de acabar con el plus cuando las reglas del juego y los actores de la trama siguen siendo los mismos de siempre.
Las reglas del juego están, a esta altura, más que claras: hay una ley que prohíbe expresamente que los profesionales médicos exijan, además de la orden de consulta de OSEP, una suma adicional de dinero para atender a los pacientes o realizar alguna práctica médica. La norma cumple en estos días un año desde que fue reglamentada y entró en vigencia.
Los actores siguen siendo los mismos: pacientes que se quejan por estas prácticas arbitrarias, pero que acceden casi compulsivamente a efectuar los pagos para poder ser atendidos, y médicos que, aún sabiendo que se trata de una conducta ilegal, incurren en ella de todos modos.
Bazán anunció el jueves que lanzará en los próximos días una campaña anti plus de manera oficial. Las acciones consistirían básicamente en visitas programadas a diferentes clínicas y sanatorios de la provincia para informar y difundir las alternativas que tienen los afiliados para denunciar el cobro del plus médico en estos lugares. Tal vez los pacientes ya sepan cómo y dónde deben hacer las denuncias. El problema es que, en la mayoría de los casos, no se atreven a hacerlo por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran respecto de los médicos que los atienden y a los que deberían denunciar.
Según la información oficial, la campaña anti plus que con ardor implementará Bazán, cuenta con el acompañamiento de Feclisa y el Círculo Médico. Deberían precisarse qué significa que cuente con el acompañamiento de dos entidades que saben perfectamente quiénes son los profesionales que cobran el ilegal adicional y hasta los montos que exigen por las consultas y las prácticas médicas. Y que poco y nada hacen al respecto.
El titular de OSEP, que muy probablemente también sepa quiénes son sus colegas que lucran indebidamente, no debería esperar que sean las denuncias de los afiliados las que desarticulen el negociado. Más bien deberían ser las entidades que “lo acompañarán”, las que sancionen a los profesionales que obtienen ganancias indebidas –y además en negro, porque, obviamente, no entregan factura- a costa de los habitualmente flacos bolsillos de los afiliados.
La enjundia que, según señalan los empleados de la obra social, caracteriza a Bazán, es un indicio positivo. Pero si no hay voluntad política de desarticular los negocios ilegales de algunos profesionales, las campañas no servirán para nada.