La prolongada mora en el tratamiento de la ley de ludopatía es un pacto entre fulleros, desplegado sobre un flagelo de salud pública de primer orden que ha logrado contaminar hasta la preadolescencia gracias a la capacidad de penetración de las redes sociales y un limbo regulatorio que procura impunidad.
A esta altura de los perjuicios, continuar ignorando la capacidad operativa de los capitanes del juego sobre la política constituye menos una ingenuidad que una defección moral. No es necesario salvar demasiadas distancias para advertir en su gerenciamiento procedimientos similares a los que aplica el narcotráfico. Solventar complicidades en las instituciones es una inversión que garantiza fabulosos retornos, con la ventaja y el aliciente de que, al tratarse el juego de una actividad lícita, los partícipes de las maniobras asumen riesgos penales infinitamente menores.
La molicie parlamentaria reactiva las sospechas sobre componendas espurias, por mucho que la senadora nacional porteña y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se haya ofendido por las alusiones que al respecto hizo su colega catamarqueña Lucía Corpacci, al fundamentar la necesidad de completar el trámite de la ley de ludopatía aprobada por la Cámara de Diputados hace dos años, antes de que pierda estado parlamentario y todo vuelva a foja cero. “Dejen de pensar en los negocios que hace cada uno y asuman la responsabilidad”, espetó.
Para Bullrich fue “una falta de respeto”, pero lo cierto es que la ley de ludopatía se caerá si el Senado no se expide sobre ella el próximo jueves 26: el 30 de noviembre pierde estado parlamentario. Corpacci advirtió que al oficialismo le queda la posibiildad de modificarla, con lo que tendría que retornar a Diputados y habría que “esperar un año más”, pero esta alternativa resultaría menos dañina que no tratarla.
El juego es una adicción como cualquier otra. Se capilariza sin freno, mientras la política libra litigios facciosos que contribuyen a ocultar las tramas del lobby, que son transversales. El juego es una adicción como cualquier otra. Se capilariza sin freno, mientras la política libra litigios facciosos que contribuyen a ocultar las tramas del lobby, que son transversales.
Indicios
El proyecto, aprobado en la Cámara baja el 27 de noviembre de 2024, unificó 28 iniciativas. Prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de apuestas online, incluidas las que realizan influencers, streamers, deportistas y clubes, impide el acceso de menores de 18 años a las plataformas, exige validación biométrica de los usuarios conectada al Renaper, veda el uso de tarjetas de crédito, elimina los bonos de bienvenida y establece medidas de asistencia y concientización.
La composición del voto en esa oportunidad ya abría espacio para las suspicacias. La media sanción se obtuvo con 139 votos afirmativos, contra sólo 36 negativos y nada menos que 59 abstenciones. La diputada Mónica Frade, impulsora de la propuesta, denunció intromisiones del lobby del juego.
El proyecto pasó al Senado, donde se trata en tres comisiones. En mayo de este año, el Gobierno presentó su propia propuesta, la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea, que ataca las plataformas ilegales —bloqueo de dominios, corte de los medios de pago y penas de tres a seis años de prisión para los operadores— pero omite toda restricción a la publicidad.
Es una diferencia central. Cierto es que la clandestinidad es un problema mayúsculo -según Bullrich, el circuito informal concentra el 75% del volumen de juego- pero el ecosistema de las redes sociales y sus múltiples estímulos a las conductas compulsivas es un coto de caza infinito para la industria del juego, legal o ilegal. Su desarrollo permitió a los gerentes de la ludopatía capturar víctimas cada vez más jóvenes y expandir el negocio a ritmo vertiginoso, precisamente por el empleo de influencers, artistas, deportistas y clubes en la promoción del vicio.
En el último Mundial, por ejemplo, una casa de apuestas usó una recreación con inteligencia artificial de Diego Maradona para protagonizar un aviso durante los partidos. “Acá se juega con pelotas”, concluía el astro resucitado por los tahúres. Milagros de la IA.
Vulnerables
Los adolescentes son el público más vulnerable a estas estrategias. En la edición de hoy, El Ancasti publica el informe “Las apuestas online crecen entre los jóvenes en medio de demoras legislativas y un negocio millonario”. Los datos son lapidarios. Según UNICEF, ocho de cada diez adolescentes y jóvenes accedieron a plataformas de apuestas o conocen a alguien que lo hizo, y de ellos el 37% apuesta con mucha frecuencia o todos los días. El primer contacto se da alrededor de los 13 años, con el fútbol como puerta de entrada.
Hay que añadir otro 37%, inquietante en el contexto de la eficacia cinegética demostrada por la industria del juego: un estudio de la Universidad Austral determinó que esa proporción de niños de 4 años ya utiliza celular.
Sin regulación, los inductores de la ludopatía juegan con la taba cargada a expensas de la salud mental de generaciones. El juego es una adicción como cualquier otra, que se capilariza sin freno mientras la política libra litigios facciosos que contribuyen a ocultar las tramas del lobby, que son transversales.
La del jueves es una sesión determinante. El Senado puede allí proporcionar herramientas al Estado para combatir el flagelo, darle una vuelta de rosca más al tratamiento del proyecto con media sanción de Diputados o voltearlo y dejar en pie solo el del Gobierno libertario.
Que vaya a debatirse en el recinto en la última sesión antes de su vencimiento es indicio demasiado fuerte del pacto de los fulleros como para confirmarlo con el reinicio desde cero de los laberínticos trámites legislativos.