La polémica en torno a la desaparición de tres teléfonos celulares secuestrados en un procedimiento antidrogas enfatiza la impresión de que la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad locales es más grave de lo que se quiere admitir. Aunque es necesario esperar el desarrollo de las investigaciones, el incidente se concatena con otros anteriores para el esbozo de un cuadro inquietante.
La controversia se disparó tras una serie de allanamientos realizados el 11 de junio en Capital y Valle Viejo, para terminar de cerrar el golpe a una banda de narcotraficantes con terminales en Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires. Uno de esos procedimientos, en los que se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero, celulares y armas, entre otros elementos, se hizo en la casa del suboficial inspector Guillermo Alejandro Vega, quien quedó detenido junto a otras cuatro personas.
Vega fue liberado dos semanas después, tras la indagatoria. En su declaración, apuntó al jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, comisario Daniel Ponce. Aseguró que la causa en su contra estaba “armada”.
Ponce, manifestó Vega, lo había reclutado para que hiciera de “informante”, a cambio de lo cual procuraría que lo trasladaran de la Comisaría Sexta, donde cumplía funciones, a Drogas Peligrosas.
La primera misión de Vega, sin embargo, se frustró. Por instrucciones de Ponce, debía contactar a la pareja de un sospechoso de tráfico y ofrecerse a hacer un viaje para traer narcóticos. Pero la mujer desconfió y no aceptó el trato.
Vega supone que lo involucraron en la causa por venganza, ya que un hermano suyo, que tiene el grado de comisario, había denunciado a gente de Drogas Peligrosas.
Las manifestaciones del suboficial Vega podrían inscribirse sin mayores suspicacias en una estrategia tendiente a ensuciar el expediente, pero cuando iba a realizarse la visualización de 15 celulares secuestrados en los allanamientos del 11 de junio, tres de ellos se habían perdido en el trayecto burocrático entre Drogas Peligrosas y el Juzgado Federal. Los apartos extraviados, que siguen sin aparecer, pertenecían precisamente al encartado Vega, su hijo y su cuñado.
Supuestamente, la visualización confirmaría la historia de Vega, pues en su celular estaban los intercambios con el jefe Ponce. La defensa de Vega denunció el hecho.
Ponce se despegó de las acusaciones y denunció la desaparición de los celulares. "De esta Dirección se remitieron en forma intacta los elementos secuestrados". De todos modos, reconoció que tuvo conversaciones con Vega, por lo que puso a disposición un celular provisto por la Jefatura. Además, dijo tener confianza absoluta en su personal.
Ya se verá en qué consistían los diálogos entre Ponce y Vega, pero la sola desaparición de los celulares es de una gravedad inusitada. Solo puede haber ocurrido en Drogas Peligrosas o en el propio Juzgado Federal.
Es la segunda vez que un jerarca de Drogas Peligrosas queda en situación equívoca. En diciembre del año pasado, el subcomisario Nolberto Valdez, segundo en el área, también se vio envuelto en una controversia cuando efectivos del puesto caminero de El Portezuelo lo descubrieron con un presunto “datero”.
Este precedente se eslabona con errores formales que precipitaron la nulidad de algunos procedimientos, tan grotescos que devienen inverosímiles.
La expansión del negocio del narcotráfico en Catamarca dista de ser una novedad. La evolución del negocio en otras jurisdicciones muestra que siempre va acompañada de la captura de funcionarios y efectivos de las fuerzas de seguridad y los organismos del Estado, Justicia incluida.
Los recursos del narco para avanzar en estos terrenos, por medio del soborno o el chantaje, son infinitos. Razón de más para accionar a fondo ante el mínimo atisbo de duda.
