La Policía provincial deberá determinar si las graves deficiencias que se produjeron en un operativo antidrogas que la Justicia Federal terminó declarando nulo, son infantiles errores cometidos por los efectivos de la División Drogas Peligrosas o hay algún otro trasfondo aún no precisado que hace pensar en algo más que un procedimiento irregular.
El mencionado operativo, ocurrido durante octubre pasado, fue presentado como un duro golpe al narcotráfico que implicaba el desbaratamiento de una de las bandas pesadas que operan a nivel regional. En aquella oportunidad, cinco personas fueron detenidas en el Puesto Caminero de El Portezuelo luego de que, presuntamente hay que decir ahora, se encontraran ocho kilos de cocaína de máxima pureza y casi medio millón de pesos en dos vehículos que venían de Tucumán.
Sin embargo, el procedimiento se concretó con tantas anomalías que, al cabo de unos meses, la Justicia Federal no tuvo más alternativa que hacer lugar a la solicitud de los abogados defensores de los imputados y declarar la nulidad de la causa, liberar a los detenidos y sobreseerlos.
Personas que ocasionalmente transitaban por el lugar y que fueron convocadas como testigos del procedimiento alertaron sobre las irregularidades. La más importante de ellas es que se pretendió que en el acta levantada los testigos suscribieran que habían presenciado cómo encontraban la droga en los vehículos, cuando en realidad la cocaína ya se encontraba en la casilla de la caminera cuando fueron convocados.
Para colmo de males, sugestivamente las cámaras instaladas en el puesto caminero no captaron las imágenes del operativo porque éste fue realizado en un lugar al que no llega el área de cobertura de las lentes.
Otro de los puntos atacados, como relató El Ancasti en su edición de ayer, fue que el personal actuante había hecho figurar en el acta que los testigos de la actuación habían firmado el documento al momento del procedimiento. Esto fue desmentido por los propios testigos, quienes señalaron que recién dejaron asentada su firma cuando fueron citados a la base de Drogas Peligrosas.
Además, según algunas versiones, de las que se hicieron eco los defensores de los imputados, los efectivos policiales habrían solicitado autorización para llevar a cabo el operativo por vía telefónica al Juzgado Federal, pero una vez qué éste ya se había concretado.
No es la primera vez que una causa de esta naturaleza es objetada por irregularidades similares. En el caso del DJ José Figueroa, detenido por transportar 23 pastillas de éxtasis, su abogado defensor denunció que no hubo testigos del momento en que se encuentra la droga y que recién tres horas después de que lo hicieron bajar del micro en el que se transportaba se buscaron los testigos. En este caso, los responsables de las supuestas irregularidades fueron efectivos de Gendarmería.
Aunque el juez federal no lo establece en su resolución, las autoridades policiales deberán ordenar un sumario interno para establecer qué fue lo que sucedió. Grave sería que los efectivos policiales involucrados se hayan equivocado por incompetencia, pero más grave aún que haya existido alguna intencionalidad aun no revelada para actuar de un modo tan irresponsable.
