El Gobierno nacional que asume sus funciones en los próximos días tendrá objetivos estratégicos, de largo plazo, pero, fundamentalmente, metas urgentes que cumplir. Unos y otras tienen estrechas vinculaciones, pero el desafío perentorio es encarar acciones que den respuestas, aunque sean parciales, de coyuntura, al impactante aumento de la pobreza y la indigencia ocurrido en los últimos años.
Las cifras difundidas el jueves por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) no hacen sino registrar en números precisos, en datos obtenidos mediante relevamientos eficaces y objetivos, la envergadura de la crisis social que se percibe con claridad en otros indicadores, como la persistente pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el cierre de negocios y la pérdida de puestos de trabajo, por citar solo algunos.
El gobierno de Cambiemos finaliza con un nivel de pobreza de casi del 40,8% y de indigencia del 8,9%. Cuando asumió, en 2015, la pobreza era, según la misma fuente, del 29%, y la indigencia del 5,3%. En números significa que en cuatro años el número de personas pobres pasó de 11 millones a 16 millones, y los que viven en la indigencia de 2 millones a 3,6 millones. En el caso de niños y adolescentes, la pobreza alcanza a casi el 60%.
Abordar el problema de la indigencia deberá ser prioridad número uno para la próxima gestión. Literalmente, un tema de vida o muerte: las personas que viven en la indigencia son aquellas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas, entre ellas la alimentación. El informe de la UCA consigna que los niveles de inseguridad alimentaria severa pasaron del 7,9% en 2018 a 9,3% este año. La inseguridad alimentaria severa es, según la FAO –Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-, aquella que afecta a quienes pasan hambre y tienen graves problemas de nutrición.
El Plan Argentina sin Hambre, que se empezará a implementar con las nuevas autoridades, ha sido concebido para dar respuestas urgentes, pero también contempla estrategias de largo plazo. Entre las primeras se pueden mencionar la reducción de precios de alimentos, la devolución del IVA en el precio de los alimentos a familias en situación de vulnerabilidad; la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y del Fondo Federal de Alimentación y Nutrición, entre otros.
Para la sostenibilidad de las acciones asistenciales y promocionales, sin embargo, el Gobierno deberá generar políticas de desarrollo productivo y de reactivación del mercado interno, mejorar el perfil exportador y lograr, en general, un modelo económico sustentable.
El arduo desafío, de todos modos, deberá comenzar con contener a los 16 millones de argentinos que son pobres, y en particular a los 6 millones que se han caído del sistema, y que, en vez de tener una vida digna como la que se merecen todos los argentinos, apenas sobreviven.