La decisión de la Secretaría de Transporte de la Provincia de restringir el servicio de colectivos en Catamarca al horario comprendido entre las 6 y las 22 horas introduce un factor de preocupación que las autoridades no pueden desatender. Según se ha informado, la medida responde a una “crisis que afecta de manera directa al sistema”, caracterizada por una sostenida caída en la demanda y un incremento significativo en los costos operativos, tensiones que han deteriorado la viabilidad económica del servicio. Los argumentos, en términos técnicos, resultan atendibles. Sin embargo, la política pública no puede agotarse en la lógica de la rentabilidad.
El transporte público no es un servicio más, sino un componente estructural de la vida cotidiana y de la organización social. Reducir su disponibilidad implica, necesariamente, restringir derechos básicos como el acceso al trabajo, la educación o la salud. En ese marco, la limitación horaria dispuesta genera un impacto directo sobre un segmento de usuarios que, aunque no mayoritario, es particularmente vulnerable.
Cortar el servicio a las 22 horas deja sin cobertura a numerosos trabajadores que concluyen sus jornadas en ese horario o incluso más tarde. Para ellos, la alternativa no es otra que recurrir a taxis, remises o aplicaciones de transporte, opciones cuyo costo resulta, en muchos casos, incompatible con sus niveles de ingreso.
El transporte público no es un servicio más, sino un componente estructural de la vida cotidiana y de la organización social. El transporte público no es un servicio más, sino un componente estructural de la vida cotidiana y de la organización social.
Es cierto que una proporción significativa de trabajadores —empleados públicos, comercio en general— finaliza su actividad antes de ese límite horario. Pero no puede ignorarse la existencia de múltiples sectores cuya dinámica laboral excede ese esquema: personal de salud, docentes de institutos terciarios, trabajadores gastronómicos y hoteleros, empleados de seguridad privada, estaciones de servicio, medios de comunicación, entre otros. Todos ellos dependían hasta ahora del servicio de colectivos para regresar a sus hogares. A partir de esta medida, quedan expuestos a una situación de incertidumbre.
No puede desconocerse que la crisis del sistema de transporte responde, en buena medida, a variables macroeconómicas y a decisiones de carácter nacional que impactan de lleno en la estructura de costos: inflación, aumento de combustibles, insumos dolarizados, caída del poder adquisitivo y, en consecuencia, de la demanda. A lo que debe añadirse la quita de subsidios. En ese contexto, las jurisdicciones provinciales se ven compelidas a sostener, con recursos cada vez más escasos, un servicio indispensable en todo el territorio.
Pero justamente por tratarse de un servicio esencial, el transporte público no debería regirse exclusivamente por criterios de rentabilidad. Su función social exige un abordaje más amplio, que contemple mecanismos de compensación, subsidios focalizados o esquemas alternativos que permitan garantizar su continuidad sin trasladar el peso del ajuste a los usuarios.
La medida adoptada, aunque comprensible en su diagnóstico, resulta cuestionable en sus efectos. El peso de la decisión de la Secretaría de Transporte recae sobre el eslabón más débil —el usuario que no dispone de movilidad propia ni de recursos para afrontar opciones más costosas—. Es por esa razón que el Estado debe redoblar su capacidad de intervención, no para restringir, sino para asegurar que la crisis no se traduzca en una nueva forma de exclusión.
