28 de enero de 2019 - 04:03
El caso de la revictimización a la que fue sometida una niña violada en Jujuy por causa de la presión de grupos conservadores y la inacción estatal debería funcionar como enseñanza.
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Para que las cosas no salgan mal
Las normas de plena vigencia, la jurisprudencia que tiene fuerza de ley y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio, pueden discutirse, pero no pueden desacatarse. Y el aborto es no punible, por lo tanto legal, en los casos contemplados en al artículo 86, inciso 2, del Código Penal. Estos casos son si el embarazo proviene de una violación o si pone en riesgo la salud o la vida de la madre.
Por si hiciese falta, en una sentencia del 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre un caso en particular que llegó a su seno, ratificó el contenido de aquel artículo, consideró que el Estado, como garante del sistema de salud pública, debe asegurar las condiciones necesarias para que los abortos no punibles se lleven a cabo de manera rápida, segura y accesible, y exhortó a las autoridades nacionales y locales a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios de atención de los abortos no punibles. Jujuy es, precisamente, una de las provincias que cuenta con ese protocolo.
No obstante, cuando los padres de una niña de 12 años violada por un hombre de 60 en la provincia norteña solicitaron que a la chiquita se le practicara un aborto no punible, se inició un proceso de dilaciones motorizado por grupos conservadores y convalidado en la práctica por el Estado provincial que sometió a la víctima a un verdadero calvario del que los causantes nunca se hicieron cargo.
Los grupos conservadores y el sistema de salud estatal jujeño obstaculizaron el derecho de la niña y su familia, contemplado como se dijo por la normativa vigente, dilataron los tiempos y hasta ventilaron información personal de la víctima. Finalmente se le practicó una cesárea a la niña y, como era previsible, el bebé no pudo sobrevivir más de unas horas.
Antes del desenlace, el gobernador Gerardo Morales había anunciado que una familia “importante y de bien” iba a adoptar al bebé prematuro. Como se sabe, la adopción no es un proceso simple y no se “adjudican” los bebés a pedido de los interesados con la anuencia de las autoridades, mucho menos de un gobernador.
Los mismos grupos conservadores que se oponen a los abortos legales son los que ejercen presiones para evitar que se implemente la Educación Sexual Integral (ESI), que también es una ley que no se cumple, en las escuelas. Y esa omisión, de la que es responsable un estado ausente, es la causa fundamental de la proliferación de los embarazos no deseados de niñas y adolescentes, muchos de los cuales terminan en abortos clandestinos, con riesgo para la salud y la vida de la madre.
Morales se lamentó, finalmente, de que las cosas “salieran mal”. Para evitar que las cosas salgan mal, el primer recaudo que hay que tomar es, nada más y nada menos, cumplir con lo que establecen las leyes vigentes pese a la presión de grupos que tienen, y se jactan de ello, un poder importante sobre las autoridades constituidas.
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