Las derivaciones del asesinato de Juan Pablo Kulok (18), ultimado a tiros por el policía Luis Chocobar, exponen la vigencia en extendidos sectores de la sociedad de un primitivismo resuelto a manifestarse en cuanto intuye que existen condiciones propicias. Tales condiciones fueron lamentablemente establecidas en este caso por el propio Gobierno nacional, que no solo avaló la conducta del homicida sino que anunció, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo que denomina un “cambio de doctrina” tendiente a liberar a las fuerzas policiales de ataduras protocolares que le dificultarían el combate contra el delito. El propio presidente Mauricio Macri recibió a Chocobar como un héroe y dijo estar “orgulloso” de él. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, expresaron su respaldo. El corolario corrió por cuenta del asesor presidencial Jaime Durán Barba: “La inmensa mayoría de gente en la Argentina quiere la pena de muerte”.
Todas estas señales políticas de cuño demagógico, puesto que “la inmensa mayoría en la Argentina quiere la pena de muerte”, se emitieron cuando aún no ha concluido el proceso en contra de Chocobar, acusado de homicidio agravado por exceso de legítima defensa. Lo único que está claro es que Juan Pablo Kulok no enfrentó a Chocobar. Acababa de asaltar y apuñalar salvajemente a un turista y el policía le disparó por la espalda mientras huía. Chocobar alega que apuntó por debajo de la cintura de su blanco para no afectar órganos vitales, pero lo cierto es que el blanco murió. Absolverlo en tribunal político antes de que la Justicia sentencie podría interpretarse, como mínimo, como una irresponsabilidad. Sin embargo, la conducta del Gobierno fue meditada. La ministra Bullrich no dejó margen a dudas cuando anticipó que la intención del Gobierno es “invertir la carga de la prueba” cuando integrantes de las fuerzas de seguridad se vean envueltos en controversias judiciales. La misma línea que se siguió en el caso Maldonado y en el asesinato del mapuche Rafael Nahuel.
Aparte de abonarle a sus integrantes sabrosos emolumentos exentos del impuesto a las Ganancias y suministrarles privilegios, el Poder Judicial imparte Justicia. Acá no importa ya lo que haya hecho el delincuente asesinado, sino lo que hizo Chocobar, y la instancia que debe determinarlo es la Justicia; no Macri, no Bullrich, no Durán Barba. Renunciar a tal organización institucional implica restituir la ley del más fuerte. Y la fuerza, decía un conocido general, es el derecho de las bestias. No estará de más insistir en el rechazo al razonamiento que desautoriza la opinión de quienes no han sido víctimas de un delito, pues es falaz. Es justamente al revés: son quienes han sufrido el delito, más todavía si ha sido violento, peor si ha tenido un desenlace fatal, quienes deben ser apartados, porque su capacidad de raciocinio está distorsionada por el dolor, la rabia, el imperioso deseo de venganza; pasiones, en definitiva, que obnubilan el seso. Señalar esto no es falta de empatía con las víctimas, sino apelación a la sensatez. Con todas sus carencias, la Justicia es, por lo menos en teoría, el espacio institucional donde priman la serenidad, el sano criterio, la prudencia. Cuenta, aparte, con mecanismos y procedimientos tendientes a subsanar errores humanos. Quienes propician el imperio de la expeditiva ley de revólver exhiben una miopía que podría resultarles suicida: el revólver mata, esté en manos de un delincuente o de un policía con aspiraciones de justiciero; y mata lo mismo a malandras probados que a cualquier sujeto sospechoso para criterios policiales que no requieren de labor judicial alguna, ni de pruebas, porque les basta la impresión que se forme el policía de turno. Habrá policías sensatos sin dudas, pero no alcanzan para olvidar el altísimo precio en sangre que los argentinos han pagado por la acción de energúmenos armados por el Estado.
