EDITORIAL

Bullrich y el policía ideal

jueves, 06 de diciembre de 2018 · 04:00

Como era previsible, la resolución 956 del Ministerio de Seguridad firmada por Patricia Bullrich que flexibiliza el uso de armas de fuego a las fuerzas de seguridad federales trajo debates y polémicas interminables. Con la medida, los efectivos están autorizados a disparar sin dar la voz de alto y por la espalda a un presunto delincuente en fuga si es que se trata de “una situación de inminente peligro, de riesgo de vida o de gravísima situación de los mismos miembros de los mismos miembros de las fuerzas de seguridad o terceros”.

La resolución ya fue declarada inconstitucional por un juez de la ciudad de Buenos Aires y recibió numerosas críticas y rechazos –varias provincias, entre ellas Catamarca, ya anticiparon que no adherirán al protocolo-, aunque también adhesiones.

Respecto de la legalidad, una parte de la biblioteca jurídica está a favor y la otra en contra. El problema parece ser otro. El reglamento Bullrich para el uso de armas de fuego está pensado para efectivos de fuerzas de seguridad con un alto grado de capacitación, profesionalismo, idoneidad moral y equilibrio mental. Virtudes que le permitirían detectar, por ejemplo, si la persona que enfrenta es en realidad un delincuente, si porta arma o no, y si la situación en la que se encuentra involucrado pone en riesgo su vida propia o la de terceros.

No hace falta abundar en argumentaciones que ese “policía ideal” está a años luz del policía de carne y hueso, que en muchos casos presenta serios déficit de formación, carece de los atributos profesionales necesarios para tal discernimiento y suele hacer un desmedido uso de la fuerza, al punto que aun sin el protocolo que los avale existen numerosísimos casos de gatillo fácil contra personas inocentes o que, siendo delincuentes, no representaban peligro grave para la vida ajena.

Nadie puede discutir que la policía tiene la atribución de utilizar el arma que porta en determinados casos extremos. Abundan los delincuentes de alta peligrosidad que no tienen dudas en terminar con la vida de cualquier persona para cometer un delito o para eludir la acción de los efectivos.

Hasta ahora, la reglamentación exigía que antes de emplear un arma de fuego, el efectivo federal debía utilizar métodos disuasivos, graduando el uso de la fuerza de menor o mayor. El nuevo protocolo habilita la utilización del arma de fuego ante un peligro inminente. En vista del déficit de formación y preparación –de profesionalismo, en suma- de muchos de los policías, gendarmes o prefectos que portan armas, delegar en ellos esa decisión parece muy arriesgado y podría provocar muchas víctimas inocentes. Y en esos casos no hay posibilidad de rectificación en el error. El muerto lo seguirá estando aun cuando luego se compruebe que era inocente, o que no tenía armas, o que no representaba un peligro para la vida ni del policía ni de terceros.

La sociedad debería analizar, sin prejuicios ideológicos de ningún tipo, si es correcto que el Estado delegue a un efectivo policial con serios déficit de formación la potestad de juzgar si una persona comete un delito y, sin siquiera apelar a la disuasión o a una voz de alto, ejecutar una suerte de pena de muerte en plena vía pública.

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