Por resabios todavía presentes en la memoria de los argentinos, la palabra “ajuste” tiene una connotación muy negativa. De modo que cuando la oposición quiere erosionar las políticas oficiales menciona que son “de ajuste”, mientras que el gobierno evita usar el vocablo.
Lo cierto es que el abultado déficit fiscal del gobierno central y de las provincias, que venía de arrastre del gobierno anterior pero que se incrementó en 2016, resulta una dificultad que es preciso corregir.
Según estiman los economistas, el déficit de las cuentas públicas será en 2017 uno de los más grandes de la historia: más del 7% del PBI, pese a que el presupuesto aprobado consignaba que el porcentaje no iba a superar el 4,2%.
Es que para el gobierno nacional hubiese resultado suicida encarar medidas restrictivas del gasto público en un año electoral. Por eso, encaró la reactivación de la obra pública, que había estado paralizada el año pasado, y con eso los números se dispararon más que en todos los últimos años.
En este contexto, el plan es bajar ostensiblemente el gasto en 2018 –año no electoral-, hasta situar el déficit primario en el 3,2% del PBI.
Los ministerios del gobierno central tendrán un tope de gasto, el que deberá estar por debajo de la inflación. Pero para que el “ajuste” sea eficiente, se requiere el acompañamiento de provincias y municipios.
Por eso, el gobierno se encuentra trabajando en un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal. Y los gobernadores están al tanto de esta iniciativa a través de reuniones del Consejo Federal. Y se han acordado ya algunos ejes. Por ejemplo, establecer un sistema de incentivos para las jurisdicciones que alcancen reducción del déficit y convergencia hacia un equilibrio presupuestario; mantener constante, en términos reales, el Gasto Corriente Primario hasta el 2019; la planta de personal no podrá crecer por encima del crecimiento de la población; no se podrán incrementar alícuotas de impuestos existentes ni crear nuevos hechos imponibles sobre actividades productivas; y, cuando se alcance el equilibrio presupuestario, se creará un fondo anticíclico que se utilizará cuando por determinados factores se altera un ciclo económico y la baja de actividad reduce la recaudación.
Así planteados, estos ejes no deberían tener las consecuencias que en otras épocas han tenido las políticas de ajuste.
Sin embargo, no son pocos los economistas –tanto ortodoxos como heterodoxos- que consideran que esta política gradualista y sensata de achicamiento del gasto público solo es posible con una economía en franco crecimiento, que no es lo que se advierte en la actualidad, en la que los brotes verdes que asoman obedecen más a la comparación con datos de un año muy malo como el pasado que a una reactivación sostenible.
De modo que a la par de impulsar políticas responsables y prudentes de contención del gasto público improductivo, resulta imprescindible poner en marcha estrategias serias de desarrollo productivo, que permitan un crecimiento sustentable y de largo plazo.
