En un contexto de inseguridad, en el que las víctimas del delito se multiplican a diario ante cierta pasividad de las instituciones del Estado, el Congreso de la Nación acaba de dar media sanción o sanción completa a tres leyes que tienen como propósito precisamente la protección de quienes son o han estado en esa penosa situación.
Se trata de una buena noticia para un poder del Estado que en lo que va del actual período legislativo ha tenido una tarea muy poco prolífica.
Uno de los proyectos, que en este caso obtuvo media sanción pero que seguramente obtendrá sanción completa en próximas sesiones, es de la Ley de Protección de Víctimas de Delitos, que incorpora una serie de derechos que eran reclamados por organizaciones relacionadas con las problemática.
Entre ellos se encuentran el de intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal; examinar documentos o actuaciones y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado; aportar información y pruebas durante la investigación; ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal; entre otras.
Todos estos derechos, que resultan clave, estaban vedados hasta ahora, marginando del proceso penal a las víctimas de delitos. Uno de los objetivos es que los afectados por un delito o sus familiares puedan seguir de cerca las actuaciones judiciales. Para ello, se abrirán Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas, que atenderán las 24 horas y contarán con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados.
Otro avance de relevancia contenido en el instrumento legal presentado en la Cámara de Diputados por el Frente Renovador es la creación de la figura del Defensor Oficial de la Víctima, que estará en la órbita de la Defensoría General de la Nación.
Entre las modificaciones que podrían incorporarse se encuentra la de extender la figura del Defensor Oficial de la Víctima a las jurisdicciones provinciales.
Otras de las leyes aprobadas, en este caso el Senado de la Nación le dio sanción completa, es la que establece la pérdida de la responsabilidad parental para los padres femicidas. Hasta ahora, las personas que habían sido condenadas por esta figura penal seguían increíblemente teniendo la responsabilidad parental sobre los hijos de la mujer que habían asesinado. La pérdida también involucra a los abusadores sexuales de sus hijos y los intentos de femicidio.
Y el tercero de los instrumentos legislativos aprobados es de la reparación económica para los hijos de madres asesinadas, que obtuvo la media sanción del Senado y pasó a la Cámara de Diputados.
Se trata de iniciativas que deben saludarse, pues contribuyen a generar espacios de protección de las víctimas y reparan, aunque sea ínfimamente, el daño causado.
Pero no debe perderse de vista que lo que realmente se necesitan son políticas de Estado que generen las condiciones y las garantías para la defensa de las personas, evitando que por el accionar de la delincuencia en todas sus expresiones se conviertan en víctimas.
