En los últimos días se difundió en la prensa nacional un informe de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires. En ese escrito se dio cuenta de que durante el año pasado se registraron 673 casos de torturas y tratos inhumanos en dependencias penitenciarias y comisarías de esa provincia, de las cuales solo 340 fueron denunciados, mientras que los restantes 333 solicitaron la reserva para evitar represalias.
El informe ha causado preocupación respecto de un fenómeno, el de la violencia institucional, que va en constante aumento tal vez favorecido por la falta de controles internos y cierto clima político-social que parece extender peligrosamente la tolerancia respecto de los abusos y las arbitrariedades policiales.
Señala el informe de la Defensoría de Casación bonaerense que, del total de casos, un veinte por ciento de las víctimas fueron mujeres y niños menores de 18 años. En 307 casos se trató de episodios de brutalidad policial mediante golpes de puño, patadas, duchas frías y otros tormentos.
La defensoría de Casación denunció además "el grado de deterioro de las instalaciones penitenciarias y policiales”, y le exigió a los poderes del Estado provincial la creación de un mecanismo de prevención de torturas. También que la policía judicial y que la Salud penitenciaria dependan del Ministerio de Salud provincial.
Si parecen muchas casi 700 denuncias por casos de apremios policiales en una provincia de 16 millones de habitantes, qué debería decirse de las formuladas en Catamarca, cuya población no llega a las 400.000 personas. De acuerdo con el informe elaborado por la Corte de Justicia de la provincia, presentado a la Legislatura, durante 2016 hubo 119 denuncias por apremios policiales, 46 radicadas en unidades judiciales y 73 en la sede de Fiscalía General.
La cifra representa un incremento respecto de 2015, año en el que las denuncias por esta causa habían sido 107.
Es cierto que en el caso de Catamarca las denuncias no se circunscriben a apremios cometidos en comisarías y cárceles, sino también a las que cometen los efectivos policiales en la vía pública o en operativos que se desarrollan afuera de las mencionadas instalaciones, pero de todas formas la cifra es muy elevada.
Pero no solo es grave que los casos sean numerosos, sino también que los reflejos de los responsables de la conducción de la fuerza y de la Secretaría de Seguridad sean nulos para prevenir, y mucho menos castigar las torturas, golpizas, apremios y vejaciones de todo tipo que frecuentemente se denuncian, acompañadas a veces por documentos fotográficos que no dejan margen para la duda.
La ausencia de voluntad política para combatir la violencia policial es la causa principal de su reproducción, pero también la mala preparación de los efectivos respecto de las responsabilidades, deberes y límites que tienen en su carácter de uniformados, elegidos y armados por el Estado para proteger a la sociedad de delito y no para cometerlos, la gran mayoría de las veces impunemente, contra los propios ciudadanos que les pagan los sueldos.
