Aunque la ausencia de resultados satisfactorios concretos parece ser la principal dificultad para defender la mayoría de las Sociedades del Estado (SE) y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), su existencia podría quizás justificarse en razones de orden social si no fuera por los prácticamente nulos controles que se ejercen sobre las millonadas del erario que el Ministerio de Producción deriva en forma sistemática a su funcionamiento.
Las últimas publicaciones del Boletín Oficial dan cuenta de transferencias de la cartera que comanda Raúl Chico por más de $40 millones hacia Agroindustria Catamarca SE (AICAT), solo en diciembre pasado.
Los aportes se formalizaron a través de cuatro resoluciones que asientan como destino de los fondos la compra de maquinaria ($8 millones), un "Proyecto Económico de Apoyo a la Producción Industrial, Agropecuaria y de Servicios" ($20 millones), la ejecución parcial del Puesto de Cargas Multimodal (ex Puerto Seco) de Recreo ($3 millones) y la adquisición de bienes de capital y/o infraestructura pública ($9,5 millones).
Los integrantes del directorio señalaron que AICAT es una firma estatal "que se rige bajo las normas del comercio y ejecuta los proyectos que Producción solicita”.
En este marco, "todo se compra a nombre de AICAT, pero en una propiedad transitoria”. "Después se hace una transferencia directa al patrimonio del Estado. Producción también puede convocar a una licitación y de hecho lo hace. Lo que hacemos nosotros es darle agilidad. Muchas veces los tiempos agronómicos no coinciden con los tiempos contables, o los que pueden llevar una licitación. En la agronomía por ahí necesitás cosas de manera urgente, no es como la obra pública que se puede parar y volver a empezar", explicaron.
No detallaron qué fenómenos urgieron al Ministerio de Producción en diciembre para comprar maquinaria por $8 millones, meterle $20 millones a un proyecto, adquirir bienes de capital y/o infraestructura pública por $9,5 millones e invertir $3 millones en el ex puerto seco de Recreo sin pasar por los engorrosos trámites burocráticos de las licitaciones y los concursos de precios, ineludibles de no existir el brazo ejecutor AICAT, que al ser sociedad del Estado se maneja "por las normas de comercio” y no por las de los organismos públicos ordinarios.
Habrán existido motivos, seguramente, pero serían saludables algunas especificaciones sobre ellos. Sobrados antecedentes, administrativos y penales, inducen a desconfiar de las apelaciones a la urgencia.
Sin ir muy lejos, la Cámara Penal Nº 3 celebrará en fecha aún no precisada el juicio oral y público por el "negocio del hambre”, gigantesca defraudación montada a través de compras directas de elementos para asistencialismo hace casi tres lustros, en base a una serie de disposiciones que excluyeron al área de acción social de restricciones administrativas con el fundamento, qué casualidad, de las urgencias que imponía la crisis detonada en 2001 por la caída del régimen de Convertibilidad.
La ocasión hace al ladrón
Las figuras Sociedad del Estado y Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria no caen bajo el escrutinio habitual de los organismos de control establecidos para el resto de la administración pública, pero administran fondos públicos, puesto que ninguna ha alcanzado la meta de autofinanciarse que se les fijó al momento de crearlas. Si se considera que ya los controles sobre los organismos comunes de la administración pública son defectuosos, es inevitable concluir que el margen para la discrecionalidad administrativa en las SE y las SAPEM resulta por demás generoso. La palabra de los funcionarios encumbrados en los puestos jerárquicos de tales invenciones, por muy honorables que puedan ser, es insuficiente como garantía de transparencia.
Hay, además, un elemento que distorsiona la aplicación de criterios propios del sector privado a estas entidades. Si se rigieran por la normas de comercio, la mayoría tendría que estar ya en la quiebra, pues no arrojan utilidades. Sin embargo, no quiebran porque el Estado les inyecta dinero en forma permanente para cubrir sus déficit.
La ocasión, dice el saber popular, hace al ladrón. La administración de unas sociedades que no están expuestas a la quiebra porque siempre tienen a disposición el Tesoro público para salvar la insolvencia empresaria ha de ofrecer tentaciones que harían trepidar la voluntad del más santo de los anacoretas.
Caja negra
Las fábricas del programa PRODUCAT, dedicadas a carpintería de melanina y aluminio, herrería, premoldeados, adoquines, bloques y actividades textiles, se agruparon como SAPEM en 2013. Si bien el propio Estado compra, supuestamente, parte de sus productos, PRODUCAT SAPEM no ha conseguido hasta la fecha obtener saldos económicos positivos. Se le asignaron más de $14 millones para cubrir sus gastos corrientes, que incluyen el pago de salarios.
Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) es tal vez el caso más emblemático. El oscurantismo administrativo allí llegó a tal punto que fue necesario un fallo de la Corte de Justicia local para que la firma proporcionara a los legisladores una copia del contrato celebrado con Yamana Gold en torno al yacimiento minero Agua Rica.
El Ministerio de Producción le prestó a CAMYEN $26 millones para presuntas inversiones. Antes, y a veces con la intermediación de AICAT, le hizo aportes millonarios para cubrir erogaciones corrientes, que se sumaron a la capitalización a cargo del Estado para poder constituirla.
Más de $7 millones del erario fueron a parar a las arcas de CAMYEN aparte del último crédito. La empresa está a punto de perder la concesión de la explotación de rodocrosita en Minas Capillitas. La Dirección de Fabricaciones Militares de la Nación, propietaria del yacimiento, ha interpuesto una denuncia penal por presuntos fraudes. Hay sospechas de enjuagues en un contrato con una empresa sanjuanina para la construcción de un túnel cortavetas.
El caso es que tampoco CAMYEN ha llegado a ser autosustentable pese a tener el monopolio de la extracción y comercialización mayorista de rodocrosita en el país, en la continuidad de la saga de frustraciones alrededor de la "rosa del inca” que se inició con SOMICA DEM.
Es llamativo el financiamiento permanente con recursos públicos de estructuras societarias fracasadas como tales.
Dada la falta de resultados positivos, se han convertido en una especie de parásito del erario, circunstancia que, sumada a la inexistencia de controles, asienta las presunciones de que las políticas que lleva adelante el Ministerio de Producción son tapaderas de una caja negra.
