Denett y el western catucho

Dos cadáveres, en fin, tramados por la incompetencia de quienes tienen la obligación de proteger la integridad patrimonial y física de miembros de la sociedad librados a sus propios medios. Este vínculo de los dos homicidios asomaba difuso hasta que el secretario de Seguridad, Marcos Denett, disipó las dudas con declaraciones que fueron al mismo tiempo una legitimación de la justicia por mano propia ejecutada de modo sumario por los Ponce y una confesión de impotencia.

Locaciones

"Yo creo que hago lo mismo. Tenemos derecho a nuestra vida privada y a su vez el riesgo potencial de que no sabés cuál es la intencionalidad del sujeto que entra”, dijo Denett sobre el asesinato de Castro.

Acerca del crimen de Pereyra, expresó su anhelo de que el imputado, aún no condenado, "se pudra en el calabozo”.

No se razona así. Razonar desde la pregunta "¿qué haría usted si hubiera estado en lugar de…?” conduce a la falacia. Por empezar, porque hay que ver a quién se le plantea el interrogante: ante situaciones similares, seguramente no reaccionaría del mismo modo Al Capone que Gandhi.

Pero además, y esto es más importante, las víctimas y los deudos de las víctimas de hechos de inseguridad no están en condiciones de pensar con claridad porque su capacidad de razonamiento, sobre todo inmediatamente después de ocurridos los hechos, está distorsionada por pasiones: rabia, dolor, ansia de venganza, odio, hartazgo. 

Los que sí están en condiciones de razonar son los que no han padecido el delito puntual y son ajenos a él. Y los que tienen la obligación de la sensatez son los funcionarios. 

Por eso es conveniente que existan las instancias policiales y judiciales del Estado, que ejercen la fuerza pública e imparten justicia: son ámbitos en los que, al menos en teoría, los hechos deben analizarse serenamente, en base a la razón y las leyes. 

Un fiscal, un juez, también un secretario de Seguridad, no tienen que ponerse en el lugar de las víctimas; tienen que ponerse en el lugar específico de la ley, que no es ni el de la víctima ni el del victimario. Vale decir: no solo no tienen que ponerse en el lugar de los involucrados en un hecho delictivo, sino que tienen la obligación de sustraerse de tal sitio para ocupar el del Estado. Es impertinente que se pronuncien en base lo que hubieran hecho ellos en situaciones parecidas a las que les toca abordar, puesto que les toca abordarlas precisamente porque son ajenos a ellas y tal ajenidad es medular para garantizar ecuanimidad.

Es raro que el doctor Denett, que es abogado, no considerara tan elemental cuestión antes de abrir la boca, cuando los propios códigos, que ha de conocer dada su profesión, habilitan a jueces y fiscales para excusarse de actuar en causas donde sus criterios puedan verse trastornados por motivos personales, mecanismo al que los magistrados recurren con frecuencia alegando, por caso, enemistad o amistad con alguna de las partes. 

Si policías, jueces o responsables políticos de la seguridad pública se ponen en el lugar de la víctima o del victimario, el lugar de la Justicia queda vacío y viene a ocuparlo la llamada "justicia por mano propia”, que tanto puede ser ejercida por quienes padecen los delitos como por los supuestos delincuentes. 

Los deudos del malogrado Gastón Castro, por ejemplo, podrían concluir que la pena de muerte es condena excesiva por un intento de robo, asumir los principios jurídicos tan claramente expuestos por el doctor Denett y tomar sobre los Ponce la revancha a la que supondrán tienen derecho. Los Ponce harán lo que estimen justo a su turno, y así hasta que se supere el Código Hamurabbi.

Vacío

La "justicia por mano propia” no debería ser ni siquiera motivo de polémica. Aún en los casos de legítima defensa es preciso que el Poder Judicial intervenga y lo determine. No los que se defendieron, no los repelidos, no Denett: la Justicia.

No obstante, la discusión está y acaso convenga preguntarse por qué.

En 2013, Juan Carlos Juárez hijo mató en una riña, de un palazo, a Javier "Javito” Álvarez. Los Juárez tenían un taller mecánico en el barrio San Ramón y acusaban a Álvarez de robarles sistemáticamente, sin que la Policía y la Justicia hicieran nada por impedirlo o sancionarlo.

En 2014, el verdulero Ramón Varela persiguió y mató a tiros a Guillermo Arias, que le había robado.

Son dos precedentes del caso Ponce/Castro en los que la prescindencia policial y judicial ante el accionar de presuntos delincuentes fue esgrimida como excusa por los encartados para intentar atenuar las condenas que cayeron sobre ellos. 

No es descabellado establecer una conexión entre la ineficacia de la Secretaría de Seguridad para cumplir con sus tareas específicas y el germinar en la sociedad de la idea de que es lícito asumir la autodefensa.

Quizás Denett haría mejor, antes de promover la doctrina jurídica del far-west y de que Catamarca se convierta en un "western”, en evaluar si no tiene alguna responsabilidad en lo que está ocurriendo, porque esto de la vuelta a la "ley del revólver” podría tener derivaciones trágicas. 

Si el secretario, tan ansioso de protagonismo, se debe a su público, debe considerar que entre ese público, además de ciudadanos rasos, hay también policías que podrían interpretar demasiado literalmente sus manifestaciones. Llegado el caso, habría que rogar para que el ejercicio de la fuerza pública caiga en manos del sargento García y no del "hombre sin nombre” que tan bien supo interpretar Clint Eastwood.

Y si a Denett le cuesta mucho sustraerse del lugar de las víctimas o los victimarios, tiene a mano el retorno a su profesión de abogado, en la que podrá porfiar en las sendas jurídicas que se le antojen, sin más riesgo que el que correrían sus clientes.

Los Ponce responderán ante la Justicia por la muerte de Gastón Castro. El crimen de Pereyra se está investigando. 

¿Ante quién responden los responsables de la inseguridad creciente en Catamarca?