La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena por abuso sexual que pesa sobre el sacerdote Julio César Grassi. Son 15 años de prisión por haber ultrajado a un muchacho que estaba bajo su cuidado en la fundación "Felices los Niños”. La sentencia fue dictada en 2009 por el Tribunal en lo Criminal Nº1 de Morón, pero Grassi recién fue encarcelado en 2013, luego de que el fallo fuera ratificado en tres instancias. Está preso en la Unidad Penitenciaria 41 de la localidad bonaerense de Campana y le quedan 12 años todavía. La opinión de la Iglesia fue escueta. Se limitó a prohibirle al condenado el "ejercicio público del ministerio” y a informar que "oportunamente” se darán a conocer las disposiciones que el Vaticano tome al respecto. Esto, a ocho años de la sentencia originaria y cuatro de la prisión efectiva que sucedió a tres confirmaciones de la condena, en una cadena de apelaciones a la que la Suprema Corte puso fin, salvo que el religioso pretende recurrir al tribunal de La Haya, nada puede descartarse. El "caso Grassi” viene a recordar los privilegios que benefician a las sotanas en estos asuntos de abusos sexuales. En la actualidad, cualquier cristiano raso acusado de abuso va preso de inmediato con pitos y flautas. No los clérigos, que para eso están más alto en la jerarquía y merecen hasta el amparo legal de la Santa Madre Iglesia.
Viene a cuento la reflexión sobre el tema, ahora que se ha confirmado una nueva acusación por abuso sexual contra el sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, que ejercía en Belén y habría ultrajado a una adolescente de 16 años. Su caso y el de su colega de Andalgalá Renato Rasguido, reo de seis casos de abuso sexual con acceso carnal agravado, se incorporaron a la red nacional de Abuso Eclesiástico, uno de cuyos referentes, Carlos Lombardi, colaborador de los padres de los chicos abusados en el Instituto Próvolo de Mendoza, consignó tras informar que las consultas a la Red habían aumentado que "a cada cura abusador le corresponde un obispo encubridor”, esto es, una Iglesia encubridora.
La cuestión es que, de no ser Rasguido y Gutiérrez sacerdotes, es lo más seguro que ya estarían purgando penas por sus graves faltas como cualquier desafortunado lujurioso carente de tonsura. Pero no. Dado que son sacerdotes, a ellos les toca aguardar el desenlace de las maniobras leguleyas de sus abogados a buen resguardo, bajo el manto protector del Obispado, que incluso se encarga de abonar los servicios de los profesionales del derecho necesarios para dilatar el proceso, en lo posible hasta el Día del Juicio Final, que por ahí el Creador, en su infinita misericordia, se apiada de ellos junto al resto de los pecadores y los absuelve. El papel de la Justicia, que cambia de varas conforme a la cara del cliente, no es tampoco de lo más católico. Acerca de sus pichones de Grassi, la Iglesia local solo ha dicho que es preciso ser prudentes y aguardar el veredicto de la Justicia, sugerencia que se abstuvo de manifestar cuando se hicieron movilizaciones en Belén a favor del cura Gutiérrez que configuraron injurias adicionales para la menor víctima de los ultrajes. Como la corporación eclesiástica no reclama similar prudencia en los casos de abuso que no involucran a sus miembros, le cabe a su selectiva conducta aquello de los "sepulcros blanqueados” que aseguran dijo Jesucristo. O más en criollo, lo de "hipócrita, como bragueta de fraile”.
