EDITORIAL

El delicado equilibrio

miércoles, 22 de marzo de 2017 · 04:09
El incremento de la conflictividad social registrado en los últimos meses amenaza con tensiones que exceden los problemas planteados en los reclamos. Es que, como sucede desde hace mucho, las protestas incomodan no solo al destinatario, sino también a miles de ciudadanos que deben transitar por calles que permanecen cortadas durante horas y a veces hasta días enteros.

Para tener una idea de la magnitud del crecimiento de la conflictividad, vale citar un informe de la consultora Diagnóstico Político con datos de la ciudad de Buenos Aires, que por obvias razones es la principal caja de resonancia del devenir político nacional. El estudio consigna que los piquetes y cortes de calles crecieron más de un 400% durante la primera quincena del tercer mes del año, respecto del año pasado, a tal punto que en los primeros 73 días de este año ya se realizaron 93 piquetes en las calles porteñas.

Siempre ha sido dificultoso e incómodo para las autoridades –sean nacionales, provinciales o municipales- lidiar con este problema. 

Si dejan que la protesta fluya según los propósitos de los organizadores, el gobierno recibirá la queja de vastos sectores de la ciudadanía que exigen calles liberadas para transitar normalmente.

Si despejan a la fuerza los espacios de protesta, se corre el riesgo de una represión desmedida, a la que son tan proclives las fuerzas de seguridad, con consecuencias que a veces son muy lamentables.

"Nos reclaman que actuemos, ahora si lo hacemos no entremos en la típica paranoia argentina, vamos a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando, y esa dispersión puede tener alguna consecuencia”, dijo el lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejando alguna preocupación sobre el significado de "consecuencia” aplicada al contexto de su discurso.

Desde los movimientos sociales, que la semana pasada prácticamente coparon la avenida 9 de Julio y "acamparon” en pleno centro porteño, le respondieron que el gobierno debería preocuparse más por dar soluciones a los reclamos sociales que por desalojar los piquetes.

En rigor, las autoridades deben procurar tanto solucionar los problemas sociales que originan los reclamos como garantizar la libre circulación por las calles de las ciudades y rutas.

Se trata de alcanzar un delicado equilibrio entre dos derechos constitucionales, el de protestar y el de transitar libremente por los espacios públicos.

Los cortes de calles o rutas son un recurso válido si son esporádicos. Es decir, una marcha, que tiene una duración acotada, lo mismo que un acto, o una manifestación que no impide totalmente el paso por una calle o una ruta y solo busca, durante un lapso también acotado, visibilizar el reclamo.

De todos modos, antes de la represión es preferible la intervención de la política, es decir, la negociación que permita destrabar el conflicto llegando a consensos posibles. 

Cuando la política se ausenta de la regulación de las protestas sociales, sobrevienen los reclamos que convierten a las ciudades y las rutas en un caos que poco aporta a su legitimación, o, en los casos extremos, culmina en acciones policiales que desalojan a los manifestantes por la fuerza con secuelas que han debido lamentarse muchas veces en la historia argentina. 


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