El desalojo del vecindario del asentamiento Valle Hermoso,
ubicado sobre un margen del Camino de la Virgen, ha desencadenado un conflicto
impensado para el Gobierno. Tanto, que el sábado a medianoche, el secretario de
la Vivienda, Fidel Sáenz, se presentó en el piquete que montaron los
damnificados en la avenida Presidente Castillo, y les prometió buscar una
solución habitacional y hasta hacer gestiones ante la Justicia para que dé
marcha atrás. Lo curioso es que el desalojo fue pedido por el mismo Gobierno.
Así lo había explicado a este diario el fiscal Javier Herrera, quien dijo que
la medida se llevó a cabo a raíz de "denuncias efectuadas la semana pasada
por el fiscal de Estado, con documentación y constataciones concretadas por
ellos meses atrás, junto con personal de Catastro; a lo que se sumó una
presentación por parte de la Secretaría de Seguridad". Para el primer
organismo, el desalojo debía proceder debido a la necesidad de "preservar
el patrimonio del Estado, o sea los terrenos", mientras que para Seguridad
lo importante era "actuar cuanto antes por el riesgo de inundación en la
zona". Pero al día siguiente de la desocupación de la zona, el Gobierno
distribuyó un comunicado sobre la base de expresiones del subsecretario de
Seguridad, Leonardo Berber –en ausencia del titular del organismo, Marcos
Denett, quien se encontraría fuera del país-, con varios y gruesos yerros.
Para empezar, señala el comunicado que el procedimiento
"avanzó con una serie de pedidos impulsados por los vecinos de Villa Parque
Chacabuco, a partir del homicidio de Ramona Andrada”, la sexagenaria que habría
sido asesinada por un hombre que vivía a 200 metros de su casa, en una zona
ocupada ilegalmente. Y que "los vecinos insistieron en señalar un asentamiento
como ‘foco de delincuencia’”. Lo grave es que Valle Hermoso no es el mismo
asentamiento que los vecinos de "Ramonita” habían indicado como peligroso. Está
cerca de allí, es cierto, pero no es donde vivía el presunto criminal. En
segundo lugar, dice el parte oficial que tras la denuncia de usurpación, se les
solicitó a los "usurpadores que demostraran su pertenencia al lugar, sin que
presentaran ningún comprobante de tenencia, pago de impuestos o servicios”.
Ninguno de los desalojados podía presentar una escritura, ni siquiera un boleto
de compra venta, porque todos reconocían estar asentados en tierras fiscales y
esperaban, según compromisos oficiales previos, que la Provincia regularizara
su situación, como sucedió con otros tantos asentamientos. No obstante, al
menos la mitad de la gente que fue echada a la calle sí podía acreditar el
consumo de un servicio, porque de hecho contaban con tendido eléctrico y
medidores de luz suministrados por la EC Sapem, además del servicio de agua
potable. De 30 familias de Valle Hermoso, unas 15 vivían en casas de material y
prefabricadas desde hace una década. Las otras efectivamente se habían asentado
en ranchos y tolderías.
Además, el comunicado asegura que el desalojo "alcanzó a un
total de 40 personas -no familias, como se informó erróneamente-, el 80 por
ciento de las cuales eran jóvenes de entre 18 y 26 años, y solo había unos
pocos adultos mayores y menores”. Otra falsedad: como lo muestran las imágenes
y los testimonios, la mayor parte de los desalojados fueron mujeres y hombres
adultos y menores de edad. Hay familias numerosas, gente con enfermedades y
algunos con discapacidad. De hecho, cuando Berber dijo en el mismo lugar de los
hechos que los desalojados eran jóvenes, muchos se le fueron encima y debió
refugiarse en un móvil policial. El funcionario también afirmó en el parte
oficial que "quienes se manifestaban contra el desalojo no habían sido
desalojados ". Debería acercarse al piquete, como hizo Sáenz, para
comprobar que cometió un grave error de apreciación. Pero hay algo más grave
aún. El comunicado plantea que "los mismos actores que protestaban públicamente
pidiendo el desalojo, con el argumento de que en el asentamiento se
resguardaban delincuentes y se vendía droga, movilizan ahora a vecinos contra
el desalojo que ellos mismos gestionaron”. Por un lado, los que protestan hoy
es porque no tienen donde vivir, comen en la calle y duermen bajo un toldo. Y,
por otro, el Gobierno no puede justificar su desalojo sobre la base de un
reclamo popular impreciso sin tener ninguna certeza del prontuario de la gente
despojada de sus viviendas. Lo único que sabían todos, desalojadores y
desalojados, es que se trata de un asentamiento ilegal. Esa, y el hecho de que
hubo un reconocimiento tácito de derechos con la conexión de los servicios, son
las únicas evidencias.
