La agresión perpetrada por efectivos de la Comisaría 7º contra el camarógrafo Marcelo Luna y su hijo de 15 años reactualizó la polémica sobre la brutalidad policial en Catamarca y la impunidad que, en definitiva, alienta su ejercicio. El hijo de Luna fue capturado en circunstancias confusas, sin que opusiera resistencia alguna. Su padre filmó la alternativas de la detención pese a que los policías le advirtieron que si persistía en documentar al atropello las consecuencias serían "peores". Dañaron la cámara, pero en el video pueden escucharse los desesperados pedidos de auxilio del chico cuando era sometido a vejaciones inaceptables. La comunidad periodística se movilizó solidaria con el colega y es de esperar que las autoridades den respuestas apropiadas al reclamo específico, cuya legitimidad no puede negarse, pero también que reaccionen frente a la vigencia de las conductas abusivas de las fuerzas de seguridad. En este sentido, todavía se investiga si la violencia de ciertos sectores de la Policía, apañados por su corporación, no ha tenido desenlaces fatales. Está el caso del joven Diego Pachao, que falleció tras estar detenido precisamente en la Comisaría 7º, el del joven baleado en Andalgalá y, últimamente, el del "Chispiao" Roldán, entre los más resonantes.
Horas antes del ataque a los Luna, El Ancasti publicó el testimonio de Pamela Romero, una artesana que fue víctima de torturas junto a una amiga en la Comisaría 1º. Por el tiempo transcurrido entre que realizaron la denuncia y la investigación judicial, las torturas no pudieron comprobarse y la causa fue elevada a juicio con la oficial de policía Dalma Yasmín Moya como única imputada por "severidades", un delito mucho menor, excarcelable, pese a que las chicas denunciaron que otros policías también las atormentaron. Es ilustrativo sobre los criterios que aplican los fiscales que una causa por "resistencia a la autoridad" que la policía acusada de torturas planteó contra quienes la denunciaban haya avanzado mucho más rápido. Los procedimientos contra los policías experimentaron llamativas moras y omisiones: nunca se investigó el robo del celular donde las chicas habían registrado algunos de los abusos; allanamientos para buscar picanas que se habrían usado en las torturas se hicieron cuatro meses después de la denuncia. Otro indicio de la benevolencia judicial ante los hechos de brutalidad policial se dio en un juicio reciente contra policías de Belén, que fueron absueltos 12 años después de la acusación porque se consideró que no debieron ser acusados por "torturas" sino por "vejaciones", y dado el tiempo transcurrido las vejaciones habían prescripto.
No es la intención agotar la casuística de la llamada policía brava, pero desde el malogrado Diego Pachao en adelante se sucedieron incidentes que muestran la existencia de una suerte pacto de connivencia entre sectores de la Policía y la Justicia que obstaculizan la investigación y sanción de abusos y tormentos perpetrados por efectivos policiales. Si a la inquietante imagen que semejantes indicios proporcionan a la comunidad sobre quienes deberían protegerla del delito, se suma el delito mismo, es comprensible la indefensión que sienten los catamarqueños frente a una inseguridad a cuyos componentes debería incorporarse la policía brava y el gatillo fácil.
