Perdido más de un mes de clases del ciclo lectivo 2015, el Gobierno retomó el diálogo con la Intersindical y al parecer se avanza en un acuerdo sobre el Nomenclador de cargos ahora y un retoque en el valor del punto índice a definirse en las paritarias del año que viene. Los gremialistas, ideólogos y ejecutores de una espiral extorsiva que terminó aislando al sector docente y lo convirtió en blanco de acerbas recriminaciones sociales por los perjuicios educativos y los trastornos provocados por la sistemática e irracional interrupción de las clases, han introducido en las negociaciones el tema de los descuentos practicados en los salarios de los trabajadores que se plegaron a los paros desde septiembre. El Gobierno dijo que recién responderá el planteo cuando terminen las negociaciones y se llegue a un acuerdo. Entre los afiliados de los cinco sindicatos hay un extendido malestar por los recortes, pero no es tan fuerte hacia el Gobierno recortador como hacia los jerarcas que los embarcaron en la lógica del chantaje. Es demasiado evidente ya que las mejoras salariares y de condiciones de trabajo tienen que ajustarse a las disponibilidades presupuestarias, y que tales disponibilidades son menores debido a la proliferación de licencias fraudulentas, comisiones de servicio injustificables y otras canonjías entre las que se destaca por su poder irritativo las "licencias gremiales" que los jefes perciben a cargo del Estado.
La secuencia del conflicto docente es reveladora. El nuevo Régimen de Licencias del sector se demoró semanas porque los gremios se negaban a firmarlo si el Gobierno no se avenía a firmar las "licencias gremiales", que la cartera de Educación había prometido y el resto del gabinete se negaba a aceptar. Esto dejó al desnudo los verdaderos intereses de la casta sindical: lo primero que acordaron fue que sus emolumentos quedaran a cargo del Estado, en mayor medida que antes. Unos días después se precipitaría la crisis por el Nomenclador. Algunos integrantes del gabinete consideran que, en realidad, los sindicalistas tuvieron que sobreactuar su combatividad para "compensar" a sus supuestos representados que el logro más significativo del diálogo hubieran sido las licencias gremiales. Este complejo de los caciquejos pillados en falta, sumado al temor oficialista por el impacto negativo que los paros pudieran tener en el proceso electoral, fue el principal disparador de un conflicto absurdo, cuya inconsistencia se hizo palmaria en cuanto el Gobierno propuso superar la propuesta gremial para el cargo testigo del Nomenclador -300 puntos- y llevarlo a 335, con una parte en concepto de presentismo. La negativa sindical desató una nueva ronda de paros, exacerbados por la interna de ATECA.
Ahora los docentes reprochan a sus jararcas que los hayan usado de "carne de cañón" en una batalla inconducente. El razonamiento es tan simple como impecable: con las "licencias gremiales" en el buche, las conducciones gremiales cobran sin desempeñar tareas docentes, de modo que no se les aplican a sus integrantes descuentos por la inasistencia los días de paro. Pero amparados en la ganga, los líderes de las protestas mandaron al muere a sus afiliados, que sí tienen que concurrir a sus lugares de trabajo y sufren las podas. Es decir: el chantajismo recurrente es gratuito para los ideólogos, pero caro para quienes deben ejecutar los paros por ellos determinados. Las "licencias gremiales" de este modo, aparte de ser una prebenda para jefes de gremios que recaudan mucho dinero, se convierte en una protección para ellos de las que los docentes rasos carecen. Se trata de una clarísima prueba de las distancias que hay entre los sindicalistas y los trabajadores, pues son los trabajadores son los que tienen que pagar de su bolsillo los desatinos estratégicos de los sindicalistas. Los caciquejos han quedado en evidencia. Por eso están tan ansiosos por la definición del Gobierno sobre la devolución, o no, de los descuentos.
