El Poder Ejecutivo Nacional ha colocado a sólo un abogado local, el ex director de Derechos Humanos de la Provincia, Guillermo Díaz Martínez, en esa nómina. Los otros candidatos son oriundos de la provincia de Tucumán.
El sentido común hacía presagiar una protesta, si no formal al menos por vías extraoficiales, tal vez alguna declaración periodística, del Colegio de Abogados. Es que el ninguneo de la Casa Rosada a los profesionales locales podría interpretarse como un síntoma de incompetencia.
Sin embargo, nada dijo el presidente del Colegio, Miguel Dahbar, respecto de este agravio. Tampoco se lo escuchó quejarse del cambio en la metodología de selección de los integrantes de la lista de conjueces. La costumbre indicaba que el Colegio de Abogados de la provincia tenía una incidencia directa en la confección de la nómina de candidatos, pero esta atribución ha desaparecido desde hace un tiempo. La lista se elabora directamente en las oficinas del Poder Ejecutivo Nacional.
Los riesgos de este sistema de nominación, definido a casi 1.200 kilómetros de distancia, están a la vista: solo un abogado local tiene chances de subrogar al juez federal ante una eventualidad.
Seguramente, el silencio del Colegio de Abogados de Catamarca será leído en la Casa Rosada como una aceptación tácita de este ninguneo a los profesionales locales, con lo que las chances de que estas arbitrariedades continúen permanecen intactas.