CARA?Y?CRUZ En la página 4 de esta edición de El Ancasti.....
En la página 4 de esta edición de El Ancasti pueden leerse las declaraciones del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández sobre el fallo del Tribunal Oral Federal 3 que lo involucra en una conspiración política para perjudicar al ex presidente Fernando de la Rúa. Se trata de la sentencia que absolvió a De la Rúa y a todos los acusados en la causa por los sobornos en el Senado porque, a criterio de los camaristas, la única prueba giraba en torno a los dichos de un embaucador: el ex secretario parlamentario del Senado nacional Mario Pontaquarto. El fallo sostiene que, cuando era jefe de Gabinete del ex presidente Néstor Kirchner, Fernández recibió en su despacho al embaucador Pontaquarto, a pesar de que éste había sido exonerado por el presidente del Senado por haberse apropiado de fondos del Estado y denunciado en consecuencia ante la Justicia Federal. En la conferencia de prensa que dio en Catamarca ayer, ante una pregunta de este diario, Fernández lamentó que la justicia admitiera las versiones que lo ubican en la trama conspirativa, pero expresó su beneplácito porque los senadores acusados de recibir coimas lo acusaran. Fundó su ajenidad a los hechos en que el escándalo de las coimas en el Senado estalló en 2001, tres años antes de que él se hiciera cargo de la Jefatura de Gabinete.
Este matiz temporal con que el ex kirchnerista despega de la sentencia es impertinente si lo que pretende es probar su inocencia: Pontaquarto, calificado como embaucador por los jueces, se arrepintió en 2004, cuando Fernández ya era Jefe de Gabinete, y fue a partir de su confesión que se disparó la causa penal. Pontaquarto, dicen, se contradijo, desdijo y corrigió sistemáticamente con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba. El tribunal desacreditó sus distintas versiones al no poder corroborarla con otras pruebas. Entre quienes contribuyeron al armado de la causa, los jueces mencionan a Carlos Chacho Álvarez, Antonio Cafiero, Daniel Bravo y Vilma Ibarra, hermana del ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y por esos tiempos pareja de Fernández. Habría sido Aníbal Ibarra quien pidió a Fernández que recibiera al embaucador Pontaquarto. El Tribunal ordenó investigar las circunstancias que rodearon su presentación como supuesto arrepentido. También remitieron copia de la sentencia al Consejo de la Magistratura para que este organismo determine si corresponde suspender y someter a juicio político al último juez instructor de la causa, Daniel Rafecas, por su parcialidad y falta de ecuanimidad en la investigación de los hechos. Quedaron en evidencia, sostienen los jueces, sus objetivos preordenados, a cuyo fin cercenó a lo largo de la instrucción el adecuado ejercicio del derecho de defensa, ya sea por sus infundadas suposiciones o por su torcida interpretación de las pruebas. Objetan además las actuaciones del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción.
Para el Tribunal, los acusadores saltaron todas las fronteras de la lógica para arribar a un fin preordenado y, en ese camino, acudieron a su imaginación para suponer, a partir de los listados de llamadas, el contenido de los diálogos entre imputados, o entre éstos y terceros; además, descalificaron sin fundamentos a los testigos que impedían sostener la acusación, a cuyo fin se forzaron todos los parámetros de la sana crítica racional o, remedando al juez instructor, se denunció a algunos por falso testimonio. Esta conclusión resulta inquietante: la intriga expuesta conjuga a políticos, integrantes del Poder Judicial y también medios. El escándalo de los sobornos en el Senado fue un factor determinante en la caída de Fernando de la Rúa, aunque no el único. Más preocupante es lo que vino después: sobre la piedra angular del arrepentido Pontaquarto, que estaba denunciado por quedarse con fondos públicos, se habría montado una trama siniestra con fines facciosos. Si la corporación política y la Justicia hicieron esto sobre el cuero de un ex presidente, ministros y senadores de la Nación, ¿qué queda para el ciudadano raso, qué garantías puede encontrar en el sistema? El Tribunal ordenó la investigación de la trama. Se verá qué resulta de las indagaciones encomendadas. Mientras tanto, queda, para quienes carecen de resortes en el poder, la indefensión frente a la voluntad de políticos y jueces eventual o estructuralmente confabulados con fines destructivos.
