Corría la década del noventa cuando en Catamarca se gestó una iniciativa tendiente a generar una herramienta de planificación de la provincia, básicamente focalizada en los aspectos productivos. Se denominó Plan Estratégico Consensuado, y fue un buen diagnóstico de la realidad catamarqueña de entonces y un esbozo de los programas y proyectos necesarios que debían aplicarse para el desarrollo provincial, con el valor agregado de que se concibió participativamente, abriendo el juego a la opinión de organismos, ONG, instituciones y particulares.
Aquellos programas y proyectos que prefiguraban una provincia con su propio perfil productivo y de desarrollo, requerían, para su ejecución, de un financiamiento al que la Provincia no podía acceder. Pero el horizonte se presentaba auspicioso, pues paralelamente al diseño del mencionado diagnóstico se ponía en marcha el mega emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera, lo que auguraba una fuente de ingresos genuina, y a largo plazo, para garantizar la concreción de las obras contempladas en los programas y proyectos.
Sin embargo, casi 20 años después, no se advierte que los fondos aportados por la actividad minera, que se cuentan por miles de millones, se hayan empleado siguiendo los criterios rectores de aquella planificación.
Por eso las declaraciones recientes del ministro de Producción de la provincia, Raúl Chico, afirmando que con la actual gestión es la primera vez que los catamarqueños planificamos el desarrollo, resulta una verdad a medias. Es real que nunca se aplicó un proyecto de desarrollo sistemático, pero esto no significa que no se lo haya preconcebido en alguna oportunidad.
Un proyecto de desarrollo para una provincia como la nuestra, estado-dependiente, debe contemplar necesariamente la creación de empleo genuino en el sector privado. Precisamente esta variable la generación de fuentes de trabajo por afuera del sector público- figura permanentemente en el debe de las economías de la mayoría de las provincias, especialmente en la región Norte Grande (NOA y NEA) del país.
Según los datos del INDEC correspondientes al tercer trimestre del año pasado, sólo el 18% de los ocupados son empleados del sector privado. El resto está conformado por el empleo público, los asalariados no registrados y el cuentapropismo.
Sólo cuatro provincias -Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Chaco- tienen menos asalariados privados registrados en el universo total de trabajadores que nuestra provincia. En Catamarca ese porcentaje apenas llega al 15 por ciento.
Es a raíz de esta preocupante realidad que el Gobierno nacional ha presentado un proyecto de ley contemplando incentivos a la generación de empleo formal, que implica una reducción de las contribuciones patronales, sobre todo en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas.
El aporte del Gobierno central, si es que prospera en el Congreso de la Nación, puede tener un impacto positivo en las economías regionales. Pero es evidente que si no hay un desarrollo planificado en función de las potencialidades de cada provincia, mucho mejor si es abierto a la participación de todos los sectores, la sustentabilidad de las economías locales será una utopía inalcanzable.
Un proyecto de desarrollo para una provincia como la nuestra, estado-dependiente, debe contemplar necesariamente la creación de empleo genuino en el sector privado.
