La crisis de la Obra Social de los Empleados Públicos, que presenta múltiples aristas, parece no encontrar una salida. No se conocen avances sustanciales en la causa judicial por el remanido y nunca bien aclarado tema de las órdenes truchas, el déficit no parece poder resolverse, al menos en el corto plazo, y consecuentemente persiste el atraso en el pago a los prestadores.
Como ya se ha dicho, los principales perjudicados en esta crisis siguen siendo los afiliados, los únicos que no tienen ni voz ni voto en el ámbito formal de la OSEP, aunque a fuerza de iniciativa de un grupo de ellos, que promueven asambleas públicas, por lo menos hacen escuchar sus preocupaciones, sus demandas y sus propuestas a través de los medios de comunicación.
Al incremento del valor monetario de las prestaciones sin que el servicio mejore mucho menos la atención de la obra social-, debe sumársele el pago casi generalizado del arancel diferenciado, más conocido como plus médico. Es decir, el paciente debe pagar, además de la orden de consulta o para la realización de estudios, un adicional que no está autorizado.
Esta circunstancia que no esté autorizado-, parece no interesarle a nadie, salvo al propio damnificado. La OSEP se ha pronunciado en contra, pero no se advierte que haga algo más que esa proclamación casi formal. Los colegios profesionales saben mejor que nadie que ese arancel es exigido por un gran número de profesionales, pero hacen la vista gorda y le solicitan al afiliado que efectúe la denuncia correspondiente, para lo cual, lógicamente, se deben presentar pruebas.
Por cierto, las pruebas documentales de ese cobro indebido no existen, porque los profesionales no extienden recibos, mucho menos factura legal según las exigencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Es que resulta inadmisible que tanto la OSEP como los colegios profesionales descarguen en los afiliados la responsabilidad de impedir, o denunciar, el cobro no autorizado del arancel diferenciado. ¿Cómo se le puede pedir al paciente que pone en manos del profesional médico su salud, o incluso, en los casos más graves, su propia vida, que entre en conflicto con él reclamando un derecho que lo asiste, pero que puede ocasionar un deterioro en la relación personal entre ambos, justo en momentos en que el enfermo necesita una contención especial del especialista que lo atiende?
En la práctica, lo que sucede es que el afiliado a la obra social de la provincia resigna sus derechos y opta por abonar resignadamente, y en negro por supuesto, el mencionado adicional.
Tal vez haya llegado la hora de que los principales actores del debate sobre la suerte futura de la principal obra social de la provincia el Estado, por un lado, y los colegios profesionales, por el otro- consideren la situación de la pieza más vulnerable de este complejo entramado de intereses contrapuestos.
No deberían olvidar, en caso de que tengan esa sensibilidad, que son los afiliados los que sostienen económicamente el sistema con sus aportes mensuales y ocasionales. Un dato que, parece, no se tiene en cuenta en el medio de un debate todavía infructuoso.
Resulta inadmisible que tanto la OSEP como los colegios profesionales descarguen en los afiliados la responsabilidad de impedir, o denunciar, el cobro no autorizado del plus médico.
