El bloqueo que desde el lunes pasado el sindicato de camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, mantuvieron hasta hoy sobre siete plantas fabriles de la firma Ternium Siderar, del grupo Techint, constituye una práctica que, aunque reiterada como modalidad de protesta gremial, debe considerarse extorsiva y profundamente autoritaria.
La organización sindical reclama el pago a indemnizaciones de trabajadores despedidos. Pero las fábricas bloqueadas fueron tomadas como rehenes porque, en realidad, no tienen competencia directa en el conflicto, ya que fue una empresa transportista la que entró en concurso preventivo y despidió, hace ya casi dos años, a diez choferes.
Que las empresas perjudicadas durante cuatro días por la acción gremial directa no hayan tenido la posibilidad de dar respuestas al reclamo es un dato que ni siquiera considera el sindicato de Moyano, que, como otros, suele apelar a medidas prepotentes de esta naturaleza.
Se trata de un gremio cuyo crecimiento al amparo de políticas gubernamentales fue asombroso en las últimas décadas. El incremento sostenido que tuvo en el números de afiliados fue paralelo al acrecentamiento de su poder de presión, que ejerció de manera desmedida y por vías que incluso pueden ser objeto de cuestionamientos legales, sin que los organismos estatales tuvieran la capacidad, o la voluntad política, de ponerle un freno.
La arbitraria y prepotente medida de fuerza que se ejerció desde el lunes afectó no sólo a las empresas mencionadas, sino que además impactó de lleno en el mercado que se abastece del acero de estas plantas fabriles, especialmente el sector automotriz. De modo que lo que se planteó como una medida de defensa de un grupo de trabajadores, en definitiva terminó perjudicando a miles, que pudieron ver afectada su fuente laboral por esta decisión sindical extrema.
La inacción del Estado convalidó estas prácticas durante años. Y hoy asiste al conflicto como un espectador más, con una actitud pasiva e indiferente.
La extorsión que implican los bloqueos a las plantas de producción o las instalaciones de cualquier empresa desvirtúan los legítimos propósitos de defensa de los intereses de los trabajadores que dan sentido a la existencia de los sindicatos. Resulta imprescindible una respuesta estatal que ponga freno a este tipo de arbitrariedades y que, impidiendo la prepotencia de ciertos sectores gremiales, restablezca la supremacía de la ley.
