El peor rostro del sindicalismo argentino se mostró nuevamente esta semana. El gremio de los camioneros (SICHOCA), liderado por Pablo Moyano, bloqueó entre el lunes y anoche nueve plantas de Techint (7 de Siderar y dos de Siderca) en la provincia de Buenos Aires, lo que provocó un claro perjuicio en toda la cadena de valor. Es decir, al no poder recibir insumos, el bloqueo impactó directamente sobre la producción de acero; también perjudicó a los demás sectores (electrodomésticos, autopartes, construcción, agro y transportes, entre los principales) que se abastecen directamente de chapas y tubos; y finalmente impidió la exportación a otros países del mundo. Pero, ¿cuál fue la causa del bloqueo? El conflicto comenzó cuando la empresa transportista Vilaltella & Valls SA, contratada por Siderar para el transporte de insumos, entró en concurso preventivo, a mediados de 2012, y echó a diez choferes, a los que se suman otros siete despidos de empleados. Reclaman un monto de 10 millones de pesos. Esto es, Moyano bloqueó las plantas de Techint no por un conflicto laboral generado en ese grupo, sino en un tercero. Según se justificó el gremialista, una ley establece que los contratantes son solidarios en los conflictos de sus firmas contratadas. Lo más lógico es suponer que una cosa es apretar al grupo siderúrgico más poderoso del país y otra muy distinta es hacerlo con una empresa que está en proceso de quiebra.
En una solicitada publicada ayer en los principales diarios de circulación nacional, Techint calificó la medida de Camioneros como una extorsión directa. Esta metodología de fuerza es ilegal e ilegítima, sostuvo e informó que ya radicó ocho denuncias penales en las diferentes jurisdicciones donde están instaladas las plantas bloqueadas. Esperamos que la Justicia actúe con la rapidez del caso. No somos parte del conflicto, como lo expresamos claramente en el Ministerio de Trabajo, dijo el presidente el presidente de Ternium Siderar, Daniel Novegil. La medida del gremio se hizo sentir con fuerza a mediados de semana en el sector automotriz ante falta de materia prima, ya que trabaja con entregas justo a tiempo y sin stocks. Ello alcanzó a las plantas de Toyota, General Motors, Peugeot, Citroën, Fiat, Volkswagen, Renault y Ford. Pero también en el sector de la construcción: se estima que unos 1.800 camiones que debían abastecer a corralones y distribuidores de todo el país dejaron de circular estos días. Sin dudas, si algo tienen claro Moyano y compañía es a quién debe presionar para causar el efecto deseado. Sin embargo, lo que más preocupa es que esta política extorsiva, aceptada y alimentada hace algunos años por un gobierno de este mismo signo político, conserva una impunidad a prueba de todo. Ni las autoridades nacionales ni la Justicia hicieron nada para garantizar la libertad de trabajo de un grupo de empresas que quedó como rehén del sindicalismo apretador. Y si esto le sucede a Techint, un verdadero monstruo económico de Argentina, qué podría esperar el resto de los mortales.
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La impunidad con que se manejan estos sindicalistas es comparable, en ciertas situaciones, a la que parecen gozar los barrabravas del violento fútbol argentino. Precisamente el jueves se conoció que, a su regreso de Paraguay -tras la derrota de Vélez Sarsfield ante Nacional por la Copa Libertadores-, un colectivo con 50 hinchas fue detenido por la policía en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, luego de una denuncia por robo en Mercedes, a 80 km de ese lugar. Según se supo, dos barras de ese grupo quedaron arrestados porque habrían asaltado a comerciantes de ropa del predio del Gauchito Gil, donde el micro se detuvo por inquietud de los simpatizantes. El vehículo fue requisado y efectivamente se hallaron los objetos robados. Los sujetos, ambos jóvenes mayores, quedaron detenidos mientras que el resto continuó viaje a Buenos Aires. Esta vez, el atropello y el delito pueden recibir un castigo, pero eso no es lo habitual. No lo es, por cierto, en la gran mayoría de los episodios reñidos con la ley y la convivencia social que protagonizan cada semana los barras en buena parte del país. Y menos aún sucede con estos aprietes de corte mafioso de los que hace gala el sindicalismo rancio, frente a las narices de un Estado que hace tiempo dejó de proteger a los ciudadanos.
