CARA?Y?CRUZ No aclares que oscureces reza un popular....
No aclares que oscureces reza un popular refrán argentino que le viene como anillo al dedo al presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, el radical Sebastián Vega, quien un día declaró que en el cuerpo bajo su mando los funcionarios y empleados con cargos políticos pueden ir a trabajar o no, y al día siguiente salió a aclarar que se trata simplemente de dos situaciones laborales distintas las que caracterizan a los empleados de planta permanente de los que gozan de cargos políticos. Es decir, los primeros tienen la obligación de cumplir horario de lunes a viernes, mientras que los segundos pueden asistir o no, si quieren, pero igual cobran su sueldo a fin de mes. En realidad, Vega no aclaró nada que no se sepa. Su único interés fue que el mundillo político entendiera que él no habló estrictamente de ñoquis un adjetivo que, en rigor, empleó este diario para resumir el asunto- en el Concejo chacarero, aunque en el fondo sea lo mismo. ¿Qué otra cosa es un ñoqui, como popularmente se extendió, que alguien que solo aparece para cobrar el sueldo los 29 de cada mes sin necesidad de trabajar todos los días como Dios manda? Pero, claro, al concejal Vega le molestan las simplificaciones que tan mal lo hacen quedar ante la corporación política.
En términos concretos, el concejal no hizo ninguna aclaración. El martes pasado, en declaraciones a Radio Ancasti, Vega dijo entender la protesta que llevan adelante los empleados del cuerpo, que tomaron el edificio en reclamo de un aumento salarial y en contra del nombramiento de asesores ñoquis, y a partir de allí intentó una explicación. Los funcionarios pueden o no acudir al lugar de trabajo. No lo estipula el reglamento interno ni la Carta Orgánica (…) La planta de funcionarios y los empleados de los bloques pueden asistir al trabajo, como no. Tienen esa especie de garantía para no acudir al lugar de trabajo, expresó y luego, a modo de consuelo, agregó que lo mismo ocurre en las cámaras de Diputados y de Senadores. Es verdaderamente curioso este aferramiento dogmático que tienen los legisladores a los reglamentos para justificar lo injustificable. Sucedió en el Concejo Deliberante capitalino, donde el ex presidente Simón Hernández cometió una aberración administrativa y de sentido común al designar en planta permanente y luego en cargos políticos a 9 funcionarios que horas antes habían presentado su renuncia a los mismos cargos que días después reasumieron. La explicación de Hernández y de su entonces colaborador consorte, Gilberto Fillippín, hoy concejal, es que tal maniobra se hizo de acuerdo con las normas vigentes. En Valle Viejo, para Vega está bien que los favorecidos con la planta política cobren sin obligación de trabajar, porque en ningún lado está escrito que no deba ser así. Una auténtica preciosura.
Lo que Hernández en Capital ni Vega en Valle Viejo han considerado es que cobrar sin trabajar, o sea, percibir una remuneración sin una contraprestación efectiva, es un delito penal. Un liso y llano fraude -al Estado en este caso- que debería ser denunciado, perseguido y castigado por la Justicia. Sin embargo, lo que no debería resistir el menor análisis desde el punto de vista legal, en Catamarca se ha convertido en una práctica usual de la clase política. No solo eso, goza de una impunidad que causa pavor. La Justicia, se sabe, no moverá un dedo si la clase dirigente no se ocupa de corregir su propio extravío. En otras palabras, si los responsables de custodiar la salud del erario y del sistema republicano no hacen lo que deben hacer y para lo cual fueron elegidos, los jueces se seguirán manejando con lo que les sea presentado en términos formales. Más allá de los problemas de administración deficiente, queda claro que el Estado está colapsado y sus arcas al borde de la quiebra por la corrupción política. Es la voracidad de una clase dirigente y representativa que se preocupa solamente en fagocitar recursos públicos, bajo la forma de sueldos, viáticos, gastos de representación, subsidios, además de otras cajas más jugosas que suelen merodear licitaciones y contratos con privados. La vigencia de esta praxis es lo que torna inviable a Catamarca.
