La inseguridad se ha convertido en disparador de múltiples debates. Las opiniones sobre sus causas, su magnitud, sus características, sus protagonistas y las posibles vías para morigerar sus consecuencias son casi tantas como los opinantes. Es decir, lejos se está de un consenso relativo, mucho menos unánime.
Una de las aristas de ese debate se refiere a la participación de los menores en los hechos delictivos. Las perspectivas de análisis al respecto varían desde la consideración de ellos como víctimas de un sistema social injusto que recurren a las actividades ilícitas como una salida inevitable, hasta la configuración de una imagen que los presenta como victimarios peligrosos, que deberían recibir castigos ejemplares, si es a través de la ley mejor, y si no por la mano propia de presuntos justicieros. En el medio de estas posiciones extremas hay una multiplicidad de miradas quizás más ajustadas a la realidad.
Las opiniones varían también por insuficiencia de las estadísticas. En general las fuerzas de seguridad suelen estimar como alto o muy alto el número de delitos en los que participan. Este punto de vista es el que sostiene la Policía de Catamarca. Según estadísticas propias informadas ayer, entre enero y marzo de este año, sobre 1.259 personas que fueron privadas de su libertad, 312 fueron menores. Esto es, casi el 25%.
Lo paradójico de estas estadísticas es que contradicen las que maneja la Justicia. Según un informe publicado por El Ancasti el pasado lunes, menos del 10% de las causas penales corresponden a menores. Según datos obtenidos en el Ministerio Público Fiscal de la Justicia provincial, en 2013 ingresaron, en la Primera Circunscripción -que abarca los departamentos de Capital, Ambato, Ancasti, Capayán, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Paclín y Santa Rosa y El Alto-, 5.071 causas. Sin embargo, solo en el 9,34% de éstas están involucrados jóvenes con menos de 18 años.
En los dos distritos más importantes del país la provincia de Buenos Aires y la ciudad Autónoma de Buenos Aires- las cifras de la participación de menores son proporcionalmente aún menores, ya que rondan entre el 4 y el 5%.
Una explicación posible es que la mayoría de los casos policiales en los que se ven involucrados menores no terminan en causas judiciales porque, si no registran antecedentes, son derivados a Desarrollo Social como alternativa al Régimen Penal Juvenil. La otra, por qué no complementaria, es que buena parte de las demoras de adolescentes por parte de la Policía no constituyen luego causas porque no cuentan con elementos de peso para sostener la imputación.
Sea como fuere, queda claro que la coordinación que siempre se le exige a la Policía y a la Justicia para tornar eficaz la lucha contra el delito debe incluir al procesamiento de la información. Sin datos fidedignos, elaborados, enmarcados en un proceso y correctamente interpretados, los análisis respecto de la inseguridad, sus causas y consecuencias, serán más especulaciones que conclusiones obtenidas en base a elementos contrastados debidamente con la realidad.
