Más de un centenar de argentinos aprovechó la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno en 2016 para sincerar que eran dueños de propiedades, cuentas bancarias e inversiones en Suiza, Panamá, Uruguay y Estados Unidos, a través de sociedades en el exterior no declaradas. En total, blanquearon al menos U$S 104 millones en activos a nombre de firmas offshore abiertas por el estudio Mossack Fonseca, luego de quedar expuestos con las revelaciones de los Panama Papers de abril de ese año.
La información surge del análisis que hizo el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de cientos de nuevos mails y documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por ICIJ con un centenar de periodistas miembros de la organización en todo el mundo. De Argentina, tuvieron acceso exclusivo Infobae, La Nación y Perfil.
El blanqueo anunciado por el Gobierno a fines de mayo de 2016 fue la oportunidad que vieron los clientes argentinos de Mossack Fonseca de regularizar su situación con el fisco y salir de la ilegalidad. Los nombres de sus offshore acababan de haber sido publicadas por ICIJ en una base de datos de acceso libre en la web, y la AFIP comenzaría a poner especial atención sobre esa información.
Las consultas al estudio panameño en el segundo semestre de ese año se multiplicaron, con pedidos de la documentación sobre las sociedades, requerida para ingresar al sinceramiento fiscal. Empresarios del sector agropecuario, industrial, farmacéutico, entre otros hombres de negocios y argentinos con alto poder adquisitivo, contactaron a los estudios legales y contables -en su mayoría uruguayos- que actuaron de intermediarios con el bufete panameño para la apertura de las sociedades en el exterior.
Así se refleja en la decenas de intercambios y archivos que figuran en nueva tanda de mails internos de Mossack Fonseca compartidos por ICIJ: la frase "sinceramiento fiscal" aparece 679 veces. Los argentinos que manifestaron interés en adherir a esa amnistía suman 125, dueños de 100 sociedades offshore.
Pero el monto de dinero blanqueado ante la AFIP excede ampliamente los $ 3.100 millones que surgen del análisis de los documentos. De ese centenar de compañías abiertas por el bufete panameño que informaron que querían ingresar al blanqueo, el equipo argentino de ICIJ pudo identificar el detalle de los bienes -con su correspondiente valor- solo de la mitad de ellas.
La jurisdicción más elegida por los clientes argentinos para abrir una offshore fue Panamá -51 casos-, seguida de las Islas Vírgenes Británicas, con 30, Bahamas con 6 y Seychelles con 5.
De los intercambios analizados por el equipo de ICIJ, se reitera la decisión de blanquear casas y departamento en Uruguay o Miami, Estados Unidos, aunque en muchos casos con valores inferiores a las cotizaciones del mercado.
Punta del Este aparece como el balneario más elegido por los argentinos para comprarse una casa de veraneo que no figure a su nombre, si no al de una offshore con un nombre de fantasía.
En total, a través de las sociedades abiertas por Mossack Fonseca, se declararon 39 propiedades por un valor total de casi U$S 24 millones.
En tanto, el dinero en cuentas bancarias a nombre de estas sociedades reconocido ante la AFIP asciende a U$S 36,7 millones. Permanecían fuera de la mirada del fisco en bancos de Suiza, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y Emiratos Árabes.
En el proceso de "exteriorización de activos", los clientes argentinos de Mossack Fonseca también admitieron ser dueños de acciones en una treintena de empresas por un valor total de U$S 33,4 millones. La mitad de las firmas en las que invirtieron su dinero están en Uruguay, mientras que el resto se reparte entre Estados Unidos, México, Bahamas y, en un único caso, Argentina.
Los montos sincerados van de U$S 10.000 -el capital inicial para constituir una offshore- hasta U$S 15 millones, en el otro extremo. El 37% de los clientes argentinos de Mossack Fonseca blanqueó menos de U$S 500.000, en tanto un 25% exteriorizó entre U$S 500.000 y U$S 1 millón, y un 31% entre este cifra y U$S 9 millones.
Aquellos que adhirieron al régimen de sinceramiento fiscal no debieron pagar nada en concepto de multa si los activos sumados -incluidos los inmuebles- no superaron los $305.000. Hasta un valor total de U$S 800.000, la penalidad fue el 5%, y por encima de ese monto, el 10% o el 15%, dependiendo de la fecha de adhesión.
Fuente: Infobae
