El relator especial de la ONU sobre el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, Murama Ruteere, elaboró un informe con advertencias y recomendaciones al gobierno argentino, donde denuncia la discriminación que sufren las comunidades indígenas, migrantes y grupos afroamericanos radicados en el país, la falta de igualdad de derechos y la represión que se ejerce contra muchas de esas personas.
Al mismo tiempo el Relator señala que la discriminación y la xenofobia quedan en evidencia a través de las manifestaciones de ciertos funcionarios y de los medios de comunicación. En este último sentido, destaca la labor de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"En la Argentina, los inmigrantes han sido el chivo expiatorio de los males de la sociedad, y en los últimos años los políticos han usado una retórica xenófoba o de estigmatización contra determinadas poblaciones de inmigrantes”, dice el informe conocido ahora y producido tras la visita al país –en mayo de 2016– del Relator Especial "sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia” de Naciones Unidas.
"Algunos funcionarios gubernamentales –agrega el informe– han formulado declaraciones en los medios acusando a los inmigrantes de ser responsables del tráfico de drogas o, en general, de participar en actividades delictivas.” Como ejemplo refiere expresiones que aluden a que el país "está infestado de delincuentes extranjeros”.
Gran parte del trabajo, que ya está en manos del gobierno argentino, se refiere a la situación de las comunidades indígenas. En su informe, el Relator Especial dice haber constatado en el país "prácticas discriminatorias que a menudo se yuxtaponen con una pobreza más severa que afecta a los grupos minoritarios, incluidos los pueblos indígenas, los afroargentinos y los migrantes, con una incidencia mayor en las mujeres y los niños”.
Se alarma también por "la severidad de las privaciones que siguen sufriendo las comunidades indígenas” que a veces viven en "pobreza extrema”, con dificultades para "satisfacer sus necesidades básicas, incluido el acceso a la alimentación y al agua potable”. Subraya que "la discriminación contra los pueblos indígenas en la Argentina es tanto estructural como horizontal”.
El funcionario de Naciones Unidas opina además que en la Argentina "existe un elevado nivel de prejuicios entre la población en general” para con los migrantes y comunidades indígenas, señalando expresamente lo denominado como "el delito de portación de rostro”.
Al mencionar las formas de discriminación, el informe sostiene que la misma se expresa por "la denegación del acceso a una vivienda adecuada, la alimentación, la atención de la salud, una educación de calidad y un empleo digno, pero también por la existencia de obstáculos para acceder a la justicia y gozar de las garantías procesales, para participar en la vida política y social y para disfrutar la libertad de asociación y de reunión, así como por la criminalización de los defensores de los derechos humanos”.
Recuerda el Relator que los pueblos indígenas están insuficientemente representados en todas las instancias de gobierno, y afirmó estar "gravemente preocupado por la información relativa a la violencia y el hostigamiento persistentes contra las comunidades indígenas, cometidos por agentes gubernamentales o con su complicidad o inacción” especialmente cuanto se trata de controversias sobre propiedad de la tierra.
Asegura que "la resolución de esos casos por los tribunales locales raramente es favorable a las comunidades” y denuncia la "criminalización” de la protesta y la violenta represión de las manifestaciones mediante "el uso excesivo de la fuerza” contra ancianos, mujeres y niños.
