El diario La Nación informó en su edición de ayer que Báez negociaba con enviados del Gobierno la posibilidad de acceder a un arresto domiciliario a cambio de información que pueda aportar en la causa en la que está preso por lavado de dinero de la corrupción.
Las fuentes habían dicho que era posible un traslado temporario a un penal de Río Gallegos, por la salud de su madre y luego, si las negociaciones tenían éxito, acceder al beneficio del arresto domiciliario.
En esta causa, Leonardo Fariña se transformó en arrepentido, pero no con estas formalidades. Declaró, señaló a la ex presidenta Cristina Kirchner y, al poco tiempo, el tribunal que lo mantenía preso por evasión fiscal le permitió la libertad, siempre que quedara bajo la tutela del Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia.
El juez Casanello recordó en su oficio a Garavano que el Poder Ejecutivo no interviene en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración.
Sólo puede participar en las cuestiones relacionadas con la necesidad de garantizar la seguridad del arrepentido y la evaluación de su inclusión en el Programa de Protección de Testigos e Imputados.
Casanello dijo que su tarea es velar por la regularidad del proceso, para evitar nulidades en la causa, pues todo acto declarado nulo "acarrea un retroceso en la investigación y un riesgo para su desenlace exitoso".