"¿Porqué se dispuso la destrucción de las cunas y los sacos de dormir? Obviamente que ello no fue caprichoso ni antojadizo, sino que se basó en elementos concretos y precisos glosados al expediente, que determinan su peligrosidad, y del que da cuenta el presente auto", sostuvo el magistrado y citó luego tres informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y un informe de la SociedadArgentina de Pediatría.
"No es necesario ser ingeniero para advertir los riesgos que conllevan para un bebé recién nacido los bordes filosos, las aristas vivas, o entre otras cosas, un componente de la cinta que puede ser desmontado, cuyo tamaño es peligroso al alcance del bebé", remarcó Bonadio.
En otro pasaje del escrito de hoy, el juez sostuvo que el tribunal que encabeza "comparte sus preocupaciones respecto a la protección del medio ambiente y que es consciente que el método de la incineración es contaminante y anti-económico, razón por la cual nunca en el presente expediente se resolvió con que metodología se deberían destruir los elementos peligrosos identificados por los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Sociedad Argentina de Pediatría".
La semana pasada, el fiscal Eduardo Taianio había sugerido por escrito la posibilidad de "acondicionar” las cunas y los sacos de dormir que estaban incluidos en el Plan Qunita para evitar su destrucción y ,en cambio, ser entregados en el marco de la Asignación por Embarazo.
El plan Qunita, presentado en julio de 2015 por la entonces presidente Cristina Kirchner, al reinaugurar Tecnópolis, consistió en la entrega, a 140.000 mujeres embarazadas y sin otra cobertura social, un kit de elementos para los primeros tiempos del bebé, objetivo para el que se destinaron 1.100 millones de pesos.
El kit contenía una cuna de madera con colchón y acolchado, juego de sábanas y toallas, "enteritos” de manga larga y corta, bolsa y cambiador, chupete, mordillo, extractor de leche materna y un termómetro digital, un tarjetón de identidad y un diario para que la mamá registre el historial de su hijo, en entre otros elementos.
La denuncia por el pago de sobreprecios y otros ilícitos fue realizada por la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien destacó que las seis empresas que habían obtenido la adjudicación del plan tenían un objeto social distinto al de la fabricación de esos artículos que integraban el kit.
