La multitudinaria marcha de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas llegó este lunes a La Paz procedente del altiplano boliviano en el marco de la huelga general contra el presidente, Rodrigo Paz, y sus políticas de ajuste. Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, pero los policías antidisturbios reprimieron durante varias horas con gases lacrimógenos. Además la Fiscalía ordenó la detención de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, por supuestos delitos de “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”.
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Manifestantes llegaron a La Paz para exigir la renuncia del presidente
Campesinos, mineros y sindicatos avanzaron hacia el centro político de La Paz en medio de choques con la Policía.
“Es un momento de caos”
Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas. Las protestas del lunes se concentraron en los alrededores de la plaza Murillo, donde se encuentran la Presidencia y el Parlamento en La Paz, resguardados por policías y militares.
Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el ministerio de Gobierno. La agencia AFP observó al menos dos manifestantes heridos por la represión policial. Las autoridades reportaron al menos 95 detenidos y señalaron que un vehículo policial fue incendiado.
En redes sociales se difundió la detención de un ciudadano argentino por grabar la represión de la policía. Al joven se lo escucha decir a los oficiales: “No estoy pagado de ningún lado. ¿Por qué me llevás como a un delincuente?“.
“Ahora sí, guerra civil” y “¡Que renuncie, carajo!”, corearon varias veces los manifestantes, que tildaron a Paz “de incapaz” para resolver el conflicto, iniciado por la COB y la Federación de Campesinos Tupac Katari de la región andina con cortes de rutas que cumplieron 13 días. “Queremos que renuncie. Bolivia está viviendo un momento de caos”, dijo a la agencia AFP Iván Alarcón, un campesino aimara de 60 años de Caquiaviri que viajó unos 90 kilómetros para protestar.
Una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz este lunes, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 kilómetros al sur de la capital administrativa de Bolivia. “Saludamos el esfuerzo. Primera vez que veo una movilización nacional que cruza con el invierno”, arengó Morales en sus redes sociales.
Al menos cuatro muertos
Policías y militares reprimieron fuertemente el sábado a los manifestantes y lograron abrir temporalmente algunas vías de acceso a La Paz, ante la crítica escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, informó este lunes que un manifestante falleció en esos choques, al caer en una zanja. Previamente el vocero presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche.
El dirigente campesino es el cuarto fallecido durante el bloqueo indefinido de carreteras que cerca a las ciudades de El Alto y La Paz. La primera muerte contabilizada por las autoridades es la de Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años de edad procedente de Belice que falleció por problemas de salud y no poder ser trasladada a tiempo a un hospital. En circunstancias similares murió Nelly Villanueva. El 14 de mayo se informó de la tercera víctima, una joven de 20 años que murió en El Alto.
Contrapunto con Evo
El gobierno de Bolivia sostuvo este lunes que se identificaron supuestos grupos armados en las protestas de campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales. el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez señaló particularmente a un exfuncionario del ministerio de Defensa identificado como Bernabé G.P., quien ahora figura como “presidente del comité de conflicto” de los llamados ‘Ponchos Rojos’, una facción de campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que tradicionalmente exhibe armas antiguas en sus protestas.
En sus redes sociales, Evo Morales aseguró: “Los mercenarios y piratas extranjeros ya empezaron a actuar en coordinación con el gobierno de Rodrigo Paz y sus aliados derechistas. Como siempre, sus primeros ataques son la mentira y el insulto. Inventan pretextos para invadir con violencia, masacrar al pueblo y asaltar nuestras riquezas”. El exmandatario dijo que “el imperio norteamericano no solo quiere eliminarme físicamente, quiere invadir Bolivia para apropiarse de sus recursos naturales como el litio”.
Sindicatos en la mira
Elevando aún más la tensión, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes la emisión de órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país. Mariaca informó, desde Sucre, que las órdenes fueron emitidas en el marco de procesos relacionados con presuntos delitos cometidos durante las protestas y bloqueos de los últimos días.
Argollo se convirtió en una de las principales figuras de las protestas impulsadas junto a sectores afines a Evo Morales, organizaciones campesinas, fabriles y mineros que avanzaron este lunes hacia el centro político paceño. Desde la COB denunciaron la “persecución judicial” y llamaron a mantener las movilizaciones. “No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, apuntó el propio Argollo en un mensaje difundido en redes sociales.
Piden declarar “estado de excepción”
Mientras tanto los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, pidieron al gobierno que declare un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al gobierno, la Fiscalía, la policía y las Fuerzas Armadas “actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución” contra quienes “promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia”.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, faculta al gobierno a declarar estado de excepción en casos de “conmoción interna” en todo o parte del territorio nacional, sin que eso implique la suspensión de los derechos de la población. La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación. Cochamanidis convocó, además, a una “gran marcha en defensa de la democracia” que, aseguró, será “pacífica” y “contundente” y espera que se replique en las otras ocho regiones bolivianas.
La llegada al poder de Paz puso fin a 20 años de gestiones socialistas lideradas por Morales y Luis Arce (2020-2025). Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre. La inflación interanual fue del 14 por ciento en abril.
Fuente: Página 12