Después de perder la banda presidencial, Rousseff tendrá que entregar las llaves del Palacio de Alvorada, la residencia presidencial donde estuvo prácticamente desterrada cuando fue suspendida en mayo.
Hasta ayer estaba previsto que abandone Brasilia y parta rumbo a Porto Alegre (sur), donde reside su hija y nietos.
Dilma, no obstante, se salvó de una inhabilitación de ocho años, que ella misma había decretado como "una pena de muerte política". Después de un aplastante marcador de 61 a 20 para destituirla, el Senado no consiguió los votos para quitarle el derecho de ejercer cargos públicos.
De esta forma, Rousseff puede ejercer y presentarse incluso a cargos de elección popular, aunque no puede presentarse en las elecciones presidenciales de 2018, ya que fue elegida en las últimos comicios en dos veces consecutivas.
"Ellos piensan que nos vencieron, pero están engañados. Sé que todos vamos a luchar, tendremos contra ellos la más firme, incansable y enérgica oposición que un gobierno golpista puede sufrir", lanzó Rousseff, en su primer discurso después de destituida, en el que lanzó un "hasta pronto".