El presidente de Ecuador, Rafael Correa, amplió ayer un estado de excepción decretado el jueves pasado en el marco de una revuelta policial, en tanto se divulgaron grabaciones que hablan de la intención de supuestos agentes de asesinar al mandatario durante esa rebelión.
Correa, que denunció la sublevación como un intento de golpe de Estado, prorrogó hasta el viernes el estado de excepción, que vencía el martes, al acoger un pedido del Congreso, que denunció falta de garantías al constatar sus directivos que insurrectos seguían encargados de la seguridad del edificio.
La medida habilitó a los militares a cumplir tareas de la Policía, por lo que el martes unos 120 miembros de la escolta legislativa fueron relevados de sus funciones por cerca de 80 soldados.
La Policía que estuvo aquí ha perdido toda mi confianza, dijo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien suspendió las sesiones hasta el jueves.
Cordero recordó que el Parlamento fue tomado por insubordinados durante la protesta que dejó 10 muertos y 274 heridos.
Los policías se sublevaron para exigir la derogatoria de una ley que eliminó bonificaciones para todos los servidores públicos, llegando a retener a Correa en un hospital donde se refugió tras ser agredido cuando intentaba aplacar a los manifestantes en un regimiento de Quito.
