SANTA CRUZ, Bolivia - La región de Santa Cruz, que concentra el 30 por ciento del PIB boliviano, irá a las urnas mañana para aprobar su estatuto de gobierno autónomo, una suerte de constitución local, confrontada con el presidente Evo Morales, que considera la consulta ilegal y secesionista.
Bajo la iniciativa de sus líderes políticos y empresariales, duros opositores del presidente socialista Morales, Santa Cruz decidirá si aprueba un estatuto de gobierno autónomo de tendencia liberal.
Ese estatuto le da a las autoridades departamentales amplias facultades en materias económica y política, incluyendo la formación de una policía propia, y dejando para el Estado tan sólo las funciones de Defensa y relaciones exteriores.
Encuestas revelaron esta semana que la aprobación de los estatutos podría fluctuar entre el 70 y 75 por ciento para una votación que el gobierno quiso impedir a toda costa y que en el último tiempo ha intentado minimizar señalando que se trata tan sólo de una consulta.
Energía
Para evitar cortes en el suministro energético en los meses del invierno, la Argentina alcanzó ayer un acuerdo con Brasil por el cual ese país entregará entre 800 y 1.500 megavatios de electricidad hasta agosto, mientras que Bolivia garantizó el abastecimiento de gas, pese a la estatización de cuatro petroleras extranjeras.
En el convenio con Brasil, la intención es que la Argentina devuelva la mayor parte de la energía suministrada entre septiembre y noviembre --época de menor demanda-- y el resto se cancelaría con dinero.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su par de Energía y Minas de Brasil, Edison Lobao, firmaron ayer en Brasilia la continuidad de un Acuerdo de Entendimiento para el intercambio de energía eléctrica.
Antes de la firma del convenio, De Vido explicó que la cantidad de energía a importar dependerá del clima y señaló que "el año pasado el invierno fue más cruel y fueron incorporados casi mil megavatios".
Durante 2007, Argentina compró 620 megavatios que le generaron un saldo desfavorable de 300 millones de dólares, aunque se espera que por el tipo de acuerdo este año sea menor.
Techint
CARACAS - El Gobierno de Venezuela sigue presionando al grupo Techint, propietario del 60de las acciones de la siderúrgica Ternium-Sidor, para concretar la nacionalización de esta acería, que el presidente Hugo Chávez amenazó con expropiar.
Mientras negocia con los directivos de Ternium-Sidor el precio que pagaría por hacerse con su participación en la empresa, el gobierno venezolano adelanta en paralelo las acciones legales necesarias para una eventual expropiación.
La Asamblea Nacional (dominada por el oficialismo) declaró esta semana a la empresa siderúrgica "de utilidad pública", paso previo a la expropiación y Chávez firmó un decreto-ley de nacionalización que permitirá, una vez que sea ratificado por el Tribunal Supremo, nombrar una comisión que tome el control de la acería.
