La iniciativa de la diputada Natalia Ponferrada busca la erradicación de ruidos excesivos.
En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria que se desarrolló ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la legisladora Natalia Ponferrada que busca regular la contaminación sonora, con un fuerte enfoque en la salud pública y la protección de personas con neurodiversidad.
La iniciativa, impulsada por Ponferrada, no busca simplemente reducir ruidos molestos, sino establecer un marco de protección integral basado en derechos constitucionales y evidencia científica.
La legisladora, en sus fundamentos, señaló el marco legal de su propuesta y explicó cuál debe ser el rol del Estado ante este tipo de contaminación.
“El presente proyecto halla su génesis y validez constitucional en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la normativa ambiental vigente de la Provincia de Catamarca, las cuales imponen al Estado el deber de garantizar a todos los habitantes el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. La contaminación sonora no constituye una mera molestia de vecindad, sino una agresión directa a la integridad física y psíquica de las personas, configurando una violación al orden público ambiental de los catamarqueños”, manifestó.
Por otra parte, enfatizó que "la contaminación sonora es una violación al orden público ambiental que el Estado debe prevenir de manera eficaz".
Asimismo, es importante destacar que uno de los puntos más sensibles de la media sanción es la perspectiva de neurodiversidad ya que el proyecto reconoce formalmente que la hipersensibilidad auditiva es una barrera de exclusión social para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones, por lo que ruidos como escapes libres o pirotecnia no son solo ruidosos: representan una auténtica "tortura sensorial".
La normativa propone aplicarse bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que la exposición constante a más de 65 dBA (decibelios ponderados A) es un estresor biológico crítico. El proyecto establece límites técnicos mensurables para mitigar riesgos epidemiológicos que hoy sobrecargan el sistema sanitario provincial, tales como patologías cardiovasculares y trastornos crónicos del sueño.
Otros puntos del proyecto, proponen modernizar los criterios anacrónicos de los antiguos códigos de faltas creando una Autoridad de Aplicación con facultades para modernizar la policía de control y, fundamentalmente, elaborar mapas de ruido.
