Días pasados se publicó en el Boletín Oficial la renuncia de exministros, asesores, supervisores y funcionarios de la primera gestión del gobernador Raúl Jalil. Renglón seguido, y con fecha de 9 de diciembre, es decir, apenas asumió un nuevo mandato, se produjo una nueva designación de varios de ellos en los mismos cargos y se les sumó la cobertura para intendentes, ministros, legisladores que habían finalizado sus mandatos en algún lugar de la administración pública a través de un punto índice. Se trata de una vieja práctica que avergüenza al ejercicio de la política y contribuye al desprestigio de una actividad que es legítima y necesaria. Sin embargo, muchas de las críticas están cargadas de hipocresía.
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Una vieja práctica que atenta contra la política
Genera descontento el caso de exintendentes que perdieron la elección en sus municipios o que no tuvieron la posibilidad de ser reelectos que al día siguiente de terminar sus mandatos ya tenían cobertura como asesores de algún ministro y sin funciones definidas. En este sentido, varios de ellos resolvieron primero su necesidad personal y se acomodaron rápidamente en algún lugar de la administración mientras que los intendentes que los sucedieron se encontraban con municipios en llamas y tratando de resolver la herencia de deudas millonarias.
Fueron estas actitudes las que desgastaron al sistema político y facilitaron el ascenso de un modelo que pudo fortalecerse por la voracidad de cierta dirigencia. Sin embargo, también recurre a las prácticas de la vieja política aunque reniegue de la casta. Hoy, irrita la búsqueda de beneficios personales en lugar de regresar al consultorio que atendían, al estudio jurídico o contable que regenteaban o hasta el taxi que manejaban antes de ser electos en la función. Además, llamó la atención el caso de un exministro que venía del sector privado, se mostró exitoso en la gestión pública porque pudo realizar transformaciones propias de su perfil, pero cuando tuvo que renunciar decide quedarse como asesor y contradice hasta su propio discurso.
También molesta el caso de exlegisladores, algunos que estuvieron más de ocho años en la función pública, que se conforman con aceptar un cargo y en un momento de crisis como el actual solo se salvan ellos, poco les importa los militantes que trabajaron para que puedan llegar y menos aún el costo político que debe enfrentar la gestión de su gobierno para sostenerlos.
Tampoco deja de ser cierto que las críticas despiadadas de la oposición local suelen estar cargadas de mucha hipocresía. Los cargos políticos para sostener cierta estructura con el objeto de llevar adelante un plan de gobierno son necesarios, no todos son “ñoquis” y algunos tienen un conocimiento técnico que es requerido al margen de la militancia. Además, hay legisladores a los que les es más conveniente llamarse al silencio ya que hace pocos meses también nombraron a sus colaboradores en el Poder Legislativo en el marco de una negociación con el oficialismo.
Es una vieja costumbre de la “mala” política poner en planta permanente a los que deberían irse con el legislador que los nombró y designar a los nuevos colaboradores. La diferencia está en que ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial transparentan sus nombramientos.
Las designaciones políticas vienen desde el senado romano y continuarán existiendo, pero son necesarios los gestos para ir purificando el sistema tal como concursos abiertos y de oposición para muchos de los cargos técnicos.