Este martes, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, presentó su Registro Unificado de Violencia para el periodo 2025-2026. Entre agosto del año pasado y agosto de este año se registraron 151 muertes de personas en situación de calle en el país, un promedio de 13 decesos por mes. Durante el mismo período se documentaron 619 hechos de violencia contra este colectivo, que afectaron a 721 personas. Son datos que describen una tragedia silenciosa y en franco crecimiento, según se desprende de la comparación con el informe anterior, correspondiente al período 2024-2025, en el que se habían contabilizado 345 hechos de violencia.
El informe clasifica la violencia ejercida contra esta población en distintas categorías: agresión física, femicidios y transfemicidios, agresión verbal y amenazas, violencia sexual y reproductiva, y trata de personas. Quienes viven en la calle están expuestos a una violencia estructural que atraviesa todas las dimensiones de su existencia, incluidas las más extremas.
Pero el dato que exige una lectura política más severa es que el 57% de los hechos de violencia identificados corresponden a violencia institucional, es decir, violencia ejercida desde el propio Estado, particularmente por integrantes de las fuerzas de seguridad. El informe describe con precisión este patrón como “un aumento de respuestas gubernamentales focalizadas en la expulsión, vinculadas a lógicas punitivas y tutelares que se traducen en desplazamientos forzados, detenciones ilegales, hostigamiento sistemático y falta de asistencia”.
El 57% de los hechos de violencia contra personas en situación de calle identificados corresponden a violencia institucional, es decir, ejercida desde el propio Estado. El 57% de los hechos de violencia contra personas en situación de calle identificados corresponden a violencia institucional, es decir, ejercida desde el propio Estado.
Es inadmisible que el organismo que debería garantizar derechos se convierta en agente de su vulneración. A esto se suman los hechos de violencia derivados de procesos de estigmatización y rechazo social, que confirman que la exclusión de las personas en situación de calle no es solo económica, sino también simbólica y cultural.
El informe no registra hechos de violencia en Catamarca durante el período relevado, un dato que no debe necesariamente leerse como motivo de tranquilidad, sino probablemente como una consecuencia de las limitaciones del subregistro en las provincias del interior, donde estas organizaciones tienen menor despliegue territorial. Lo cierto es que en nuestra ciudad la situación de calle ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una realidad creciente y visible, producto directo del agravamiento de la crisis socioeconómica. Mientras en 2022 se contabilizaban apenas dos personas en esta condición, el año pasado la cifra había escalado a 25.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser la que el propio informe denuncia como predominante: la expulsión, el desplazamiento y la invisibilización forzada de un problema que no desaparece porque se lo saque de la vista pública. El Estado, en sus distintos niveles, tiene la obligación de incrementar sustancialmente los programas de asistencia a este sector en lugar de estigmatizarlo y convertirlo, como ocurre en más de la mitad de los casos relevados, en víctima constante de acoso y violencia institucional.
