viernes 22 de marzo de 2024
Mirador Político

Un régimen para la fiebre

El desmesurado brinco del precio internacional marca la intensidad de la fiebre del litio como el más eficaz de los termómetros: más del 1.200% en solo dos años, de 6.000 a alrededor de 80.000 dólares la tonelada, debido a una demanda en ascenso que la oferta no alcanza a satisfacer.

El fenómeno acelera las maniobras para multiplicar las únicas dos plantas litíferas que tiene en producción la Argentina, una de ellas localizada en la puna catamarqueña, en un proceso que conjuga legítimas inversiones con operaciones de especulación para retener o hacerse del control de las áreas más prometedoras cuyo epicentro son las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy.

En la última reunión de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, tuvo que afrontar los reproches que le hizo el diputado nacional Rubén Manzi porque no le respondieron un pedido de informes sobre el padrón de propietarios de los pedimentos mineros provinciales que planteó a su cartera a principios de noviembre del año pasado.

Esta omisión, que Murúa se comprometió a salvar, ganó centralidad en la agenda debido a la curiosidad sobre los negocios especulativos que podrían estar gestándose al calor de la fiebre del litio, que se extiende estimulada por la incursión en Catamarca de personajes de fama opaca como el exministro del Interior, José Luis Manzano.

Sin embargo, la exposición del ministro en términos generales fue solvente y tuvo un tramo muy interesante cuando se refirió a la renta que la explotación litífera arroja para el sector público.

Explicó que los mecanismos que las provincias aplican para incrementar su participación en el floreciente negocio están restringidos por la inexistencia de un régimen general nacional específico para la actividad, que por defección se desarrolla bajo las normas de la ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993.

Las provincias que producen litio son por ahora solo dos: Catamarca y Jujuy. En el caso de Catamarca, el dispositivo ideado para lograr mayores ingresos para el sector público es la creación de un fideicomiso con el 1,2% de las ventas realizadas por Livent, calculado sobre la facturación de la empresa ante AFIP o un promedio del precio internacional, de acuerdo a cuál sea más alto.

El asunto es que el marco legal de la actividad litífera tiene nada menos que 30 años de antigüedad, dato que no basta para condenarlo por vetusto, pero sí para considerar la necesidad de adecuarlo a las circunstancias.

La ley de Inversiones Mineras no se hizo para el litio, sino para el oro y el cobre. Fue bajo su imperio que se puso en marcha la explotación de Bajo La Alumbrera en Catamarca, primer emprendimiento de megaminería del país.

En aquellos tiempos, la del litio era una actividad marginal. El proyecto Fénix, en el antofagasteño Salar del Hombre Muerto, fue desde 1994, durante lustros, el único emprendimiento productivo argentino y, recién más de dos décadas después, durante la administración de Lucía Corpacci, se retocó el sistema para que el Estado provincial obtuviera mayores recursos de su explotación.

Murúa lo contó en el Congreso: el fideicomiso financiado por aportes adicionales a las regalías de Livent se pergeñó por la abultada deuda que la firma había acumulado por el canon de agua impago.

Timidez

Las medidas de alcance nacional para aprovechar colectivamente la fiebre del litio y lo que deje cuando remita y el negocio se estabilice son hasta ahora tímidas.

- Como el litio no es un “commodity”, se estableció un precio de referencia único para las exportaciones, luego de que se descubrió que Livent vendía su producción a un valor 823% inferior al del litio jujeño, a empresas de su mismo holding empresario. Una trampa típica, pero eficaz.

- El Ministerio de Economía eliminó los reintegros de las retenciones a la exportación.

- Se actualizó el canon minero a partir de una propuesta del diputado nacional Francisco Monti.

Lo ocurrido con el canon minero ilustra sobre el retraso de la política minera en el contexto de la fiebre del litio.

Se había actualizado por primera vez desde 1993 en 2017. 24 años de congelamiento, en un país tramado por los saltos inflacionarios y la depreciación del peso frente al dólar, que todavía padece la pauperización consecuente del estallido de la Convertibilidad en 2001.

La actualización incluida en el Presupuesto 2023 puede interpretarse como un chiste o un agravio: solo 6 veces respecto de 2017.

Es de imaginarse el volumen que tendría la miseria nacional si los salarios se hubieran actualizado igual medida en el mismo período, que se caracterizó por una inflación cronificada y en ascenso. Una ganga, de todos modos, para quienes se limitan a abonarlo para blindar derechos sobre las áreas litíferas a la espera de que inversores legítimos que se los compren por fantásticas millonadas.

Como se los vendió a principios de los ’90 la Musto, que los había adquirido a precio módico, a quienes finalmente invirtieron y explotaron Bajo La Alumbrera.

Si la experiencia ha de servir para algo, conviene recordar aquel proceso.

Se ve que los especuladores tienen memoria más larga que los estadistas.

Soja puneña

Un precedente más cercano en el tiempo y en el corazón de las autoridades nacionales en ejercicio habilita acelerar los trámites para la generación de un régimen específico para el litio.

En 2007, Néstor Kirchner elevó al 35% las retenciones a las exportaciones de soja, cuyo precio había subido 40% en dos años.

40 contra más de 1.200% que creció el precio del litio en el mismo lapso: las celebraciones al sacralizado Néstor podrían empezar a trascender lo retórico. La Casa Rosada se abstiene de imitarle la audacia recaudatoria, pese a que las condiciones del mercado del “oro blanco” son mucho más extraordinarias que las experimentadas por la soja.

Kirchner justificó la suba a las retenciones a la oleaginosa en que "la demanda crecía de manera sostenida" y la aplicación de la alícuota diferenciada no afectaría la rentabilidad del sector productivo, que "seguiría siendo adecuada".

Se alzaron voces de alarma por el atentado a la estabilidad jurídica y el supuesto carácter confiscatorio de la disposición, que alcanzaron nivel crítico en 2008 cuando el kirchnerismo, desfinanciado, pretendió instaurar un régimen de retenciones móviles y detonó la reacción bélica del campo.

La polémica emerge recurrentemente, pero las retenciones se mantienen incólumes sin que las inversiones en soja mermen. Esto induce a pensar que las aflicciones por el efecto negativo que tendrían sobre la rentabilidad del sector son sentidos versos. Los perjuicios pueden devenir de otros factores, pero no de ese.

Ni el ultraliberal Mauricio Macri eliminó las retenciones sojeras. Anuló todas las aplicadas a la exportación agropecuaria menos esa, que se limitó a bajar en 5 puntos.

El litio es una nueva soja. Puneña.

Conveniencia

La conveniencia de acrecentar la participación estatal en la rentabilidad extraordinaria que registra el sector litífero fue planteada por los gobernadores en la última reunión de la Mesa del Litio, que integran Catamarca, Jujuy, Salta y el Estado nacional.

Por otro carril, de la exposición de Murúa ante la Comisión de Minería surgió la necesidad de adaptar la política nacional a la coyuntura específica de un mercado que tiene proyecciones multimillonarias, en el marco de la aceleración de transformaciones en la matriz energética tendientes a suplantar los combustibles fósiles por fuentes menos nocivas.

Catamarca, como en los ’90, es una geografía neurálgica de este proceso, con un elemento distintivo respecto de aquella época: con Fernanda Ávila, la gestión de Raúl Jalil consiguió retener el comando de la Secretaría de Minería en el convulsionado gabinete nacional, lo que le otorga la posibilidad concreta de incidir sobre el diseño de la política general.

Ancladas por las disposiciones de una ley de hace 30 años, las retenciones al litio son del 4,5%. El precio internacional del mineral creció más del 1.200% en solo dos años.

Todavía no es un “commodity”, como el cobre, el oro, o la propia soja, pero revisar el esquema tributario del sector, comenzando por las retenciones, sería un acto de estricta justicia social.

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